A nueve años de la TC 168-13
Movilización por políticas públicas para inclusión efectiva al desarrollo de su propio país
Con el impacto del huracán Fiona golpeando a las comunidades excluidas del Este del país, las y los dominicanos de ascendencia haitiana estamos aquí llamando a la solidaridad de toda la República Dominicana para abocarnos a la solución de un problema impostergable: nuestra inclusión efectiva en el desarrollo de nuestro propio país.
Este 23 de septiembre se conmemora el noveno aniversario de la Sentencia 168-13, la arbitraria decisión del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a cuatro generaciones de dominicanos/as por ser hijos de trabajadores migrantes. Más de 90 mil dominicanos/as de origen haitiano no cuentan con la documentación civil necesaria para el ejercicio pleno de su ciudadanía, que les permita participar activamente en la vida democrática e impulsar el progreso de sus comunidades.
El Estado ha incumplido el compromiso asumido con la Ley 169-14 de enfrentar los problemas ciudadanos causados por la TC 168-13, de conformidad con el mandato constitucional que exige la igualdad de derechos y oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas. A pesar de las promesas de solución en su programa de gobierno, las actuales autoridades han recrudecido el acoso y discriminación de nacionales por el origen migrante de sus padres, en detrimento de miles de familias y comunidades de por sí afectadas por la pobreza y la exclusión social.
En los últimos dos años se ha agravado la situación de dominicanos que viven en comunidades rurales y urbanas marginales, siendo la indocumentación un factor de exclusión y empobrecimiento. El gobierno mantiene las puertas cerradas al liderazgo comunitario, implementa medidas discriminatorias como la segregación de actas nacimiento de dominicanos hijos de migrantes, el bloqueo de soluciones documentales planteadas en la Ley 169-14, las detenciones arbitrarias y los más de 800 intentos de expulsión de nacionales en todo el país.
Cerca de 34 mil personas permanecen sin acceso a su documentación en la Junta Central Electoral que impone a dominicanos de ascendencia haitiana requisitos y procedimientos no solicitados al resto de la ciudadanía, anula sus registros originales y los transcribe a nuevos libros para demandarles en tribunales. La gestión de actas, renovación de cédulas, declaración de nacimiento, entre otros sencillos procedimientos, son una odisea para los 27 mil dominicanos/as con documentos restituidos.
Por otro lado, hace dos años el Ministerio de Interior y Policía cerró abruptamente la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14, dejando nuevamente en el limbo a 7 mil 948 dominicanos/as que participaron en el proceso de Registro Especial para la Naturalización, con la documentación provisional vencida y sin ninguna respuesta sobre los mecanismos de acreditación de su nacionalidad.
La Plataforma Dominican@s por Derecho, activistas y organizaciones solidarias demandan el diseño de políticas públicas que promuevan inclusión de la población. Durante tantos años le ha sido lesionado su derecho a la nacionalidad. Abogamos por una correcta implementación de la Ley 169-14 en beneficio de sus destinatarios y otros instrumentos que garanticen la documentación de identidad sin discriminación.
Los desastres de origen natural tienen agravantes sociales. En estas desafiantes circunstancias que vivimos urge enfrentar las desigualdades y cerrar el capítulo de la discriminación anclada en el Estado. El huracán Fiona golpea con más intensidad en casas con techos y paredes de zinc, en comunidades con caminos de tierra en las que no hay servicios públicos adecuados, ni escuelas para protegerse cuando el río sube.
La falta de documentos impide a dominicanos recibir la asistencia que el gobierno ha implementado durante la pandemia del Covid-19 y ahora al declarar una emergencia en las zonas donde pasó el huracán. La indocumentación tiene un impacto negativo en toda la sociedad, impide a las personas ser realizar su potencial y mitigar la calamidad con esfuerzos propios. Sin una cédula vigente es imposible registrarse en la TSS, acceder a seguro médico, estudiar a nivel superior, casarse, ahorrar en instituciones financieras, recibir becas o beneficiarse de programas de apoyo al emprendimiento.
Las detenciones arbitrarias mantienen en zozobra a barrios y bateyes de todo el país. El gobierno criminaliza a ciudadanos por su color de piel, origen familiar y los problemas de documentación que el Estado ha creado, lo que vulnera el derecho al libre tránsito y limita las oportunidades de progreso. En lo que va de año se han reportado más de 800 intentos de expulsión de dominicanxs de su propio país.
¿Cómo vamos a llegar a la universidad si la falta de documentos nos obliga a abandonar en bachillerato? ¿Cómo tendremos mejores empleos para invertir en viviendas dignas si ni siquiera podemos optar por seguridad social? ¿Cómo pensar vivir en condiciones menos expuestas a los embates del clima si ni siquiera podemos movernos libremente por el territorio nacional sin miedo de ser detenidos y expulsados de nuestro propio país?
Seguimos confiando en el diálogo y apelando a nuestras autoridades para la construcción de soluciones en consonancia con nuestra Constitución y en el marco del sistema de derechos. La Plataforma Dominican@s por Derecho reitera su llamado al presidente Luis Abinader a retomar espacios de trabajo, escuchar las voces de las y los dominicanos afectados por la negación de sus documentos y falta de acreditación de su nacionalidad, le invitamos a conocer la realidad de sus comunidades y avanzar en el diseño de políticas públicas para enfrentar la inseguridad, la discriminación y desigualdad en la que viven.
A pesar de las barreras administrativas y las precarias condiciones de vidas en comunidades rurales y urbanas marginales, los hijos y las hijas del barrio y del batey ponen en alto el nombre de la República Dominicana con sus lauros académicos, profesionales, deportivos y sociales. A nueve años de la TC 168-13 los dominicanos de ascendencia haitiana seguimos luchando por nuestra nacionalidad, por un país de oportunidades y derechos, sin exclusión social, ni hostigamiento policial, en el que nuestras autoridades contribuyan a la equidad y la cohesión. Es hora de dejar atrás un pasado de discriminación y avanzar a la inclusión efectiva de cada dominicano/a en el desarrollo de su propio país.
