Recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al Estado dominicano
1. Crear las condiciones necesarias para que las personas dominicanas de ascendencia haitiana puedan acceder y utilizar los sistemas de justicia en igualdad de condiciones, para remediar los actos de afectaciones a su derecho a la nacionalidad u otros derivados de situación y pueden recibir un trato digno por parte de los funcionarios públicos.
2. Crear instancias y recursos judiciales idóneos y efectivos en zonas rurales, marginadas y en desventaja económica, con el objeto de garantizar que todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana tengan un acceso pleno a una tutela judicial efectiva ante actos de desconocimientos de sus derechos humanos.
3. Establecer procedimientos eficaces, tanto a nivel administrativo, como a nivel civil, penal, laboral, entre otros, para garantizar a las personas dominicanas de ascendencia haitiana el acceso a la justicia cuando vean vulnerado su derecho a la nacionalidad, personalidad jurídica, identidad, igualdad, trabajo, seguridad ciudadana, salud entre otros.
4. El desarrollo de políticas y programas de inclusión diseñados para que estos grupos puedan acceder a garantías y protecciones judiciales efectivas y para que las autoridades judiciales respeten sus derechos.
5. Sistematizar las decisiones de los organismos regionales e internacionales sobre el derecho a la nacionalidad, identidad e igualdad y no discriminación de los dominicanos de origen haitiano, y hacer esta información accesible a los operadores públicos a nivel nacional y local.
6. Difundir a nivel nacional información sobre los recursos judiciales existentes para personas sujetas a deportaciones sumarias, tomando en consideración la diversidad del público objetivo en función de sus distintas razas e idiomas.
7. Implementar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para asegurar que los oficiales administrativos y los operadores de justicia cumplan con la ley, sus responsabilidades y los estándares internacionales en materia de discrecionalidad y discriminación.
