A nueve años de la promulgación de la Ley 169-14, mediante la cual el Estado dominicano alegaba que abordaba la situación de las personas dominicanas afectadas por las políticas de desnacionalización, como la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado demostrado que el verdadero propósito de dicha ley fue neutralizar las denuncias nacionales e internacionales y desmovilizar las protestas, consolidando la desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. En estos nueve años, los sucesivos gobiernos han congelado la situación de las personas afectadas, dejándolas en un limbo jurídico, sin registro civil, con una documentación vencida y sin acceso a la nacionalidad dominicana y a los plenos derechos económicos, políticos y sociales. Es urgente revertir esta situación.