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Día de los Derechos Humanos: Apatridia y detenciones en RD

Nuestras exigencias en el Día de los Derechos Humanos

Miles de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, que no conocen Haití y que no hablan el idioma de ese país, que no tienen familiares en ese país, han sido objeto de procesos de detención arbitraria y expulsión. Este 10 de diciembre, debemos recordarle al gobierno que la pena de destierro no existe en la legislación nacional y expulsar a personas dominicanas en base a una clasificación racial es un grave crimen contra la humanidad que puede ser perseguido y sancionado por instancias internacionales.

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Carta Pública/Open Letter to Ndaba Mandela, nieto de Nelson Mandela de visita en RD

Este Estado racista que le invita a conversar sobre los Derechos Humanos, hace 10 años, mientras enviaba una nota diplomática de condolencias por el fallecimiento del luchador antiracista y anti apartheid, Nelson Mandela, evacuó una Sentencia racista, la 168-13 retroactiva al 1929, que provocó un apartheid, al quitarle la nacionalidad a casi medio millón de dominicanos de ascendencia haitiana, por ser negros y negras, y hoy viven en apatridia.

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Denuncian ante la CIDH Ataques Contra Mujeres Embarazadas en RD

Mencionaron que el destierro de mujeres dominicanas de ascendencia haitiana viola las normativas constitucionales, legales y convencionales vigentes. Se citó el caso de Diana Jean, joven dominicana de ascendencia haitiana, con siete meses de embarazo, que sufrió la denegación de atención médica el 23 de abril de 2022, bajo el falso argumento de que era una mujer haitiana indocumentada. El caso fue presentado ante el Tribunal Superior Administrativo, que ratificó la denegación de la atención médica. En consecuencia tuvo que dar a luz en su lugar de residencia. El 20 de julio de 2023, agentes de la DGM allanaron sin orden judicial la Maternidad de Higüey, deteniendo arbitrariamente a mujeres embarazadas y lactantes en base al perfilamiento racial, y enviándolas a un centro de detención para su posterior expulsión del país. Procedimientos ilegales similares fueron llevados a cabo en la Policlínica de Verón, El Hospital Regional Universitario de La Vega y en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago.

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Reconocido defiende los derechos de la comunidad de ascendencia haitiana en ParLamericas

El martes 24 de octubre, Elena Lorac, coordinadora del Movimiento Reconocido, intervino en el panel “Migración y derechos de la niñez: una mirada desde la juventud”, realizado en el marco del encuentro interparlamentario titulado Perspectivas parlamentarias para una migración segura, ordenada y regular en América Latina y el Caribe, organizado por ParlAméricas, institución que vincula y en la que están representadas parlamentarios de los 35 países de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Lorac defendió los derechos de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana ante las sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y constitucionales en la República Dominicana.

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La elección del Estado dominicano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la situación de DDHH en República Dominicana

El Estado dominicano, si tuviera interés en mostrar un mínimo compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, podría emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho a la nacionalidad y el fin de la apatridia, el derecho a la pensión de los trabajadores cañeros y el fin del trabajo forzoso en la industria azucarera. De igual forma, podría constituir una comisión de la verdad para investigar, establecer responsabilidades y resarcir a las víctimas y sus descendientes de la represión durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, incluyendo la masacre racista de El Perejil de 1937, y crímenes de lesa humanidad del período considerado democrático como la masacre de abril de 1984, y desapariciones forzosas como la del profesor Narciso González.

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A 10 años de la Sentencia racista 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano

Al cumplirse diez años de la sentencia 168-13 que de manera inconstitucional desnacionalizó a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, la situación del país es de claro retroceso antidemocrático. Somos testigos de la aplicación generalizada por parte del gobierno encabezado por el presidente Abinader del perfilamiento racial y detenciones arbitrarias y extorsivas contra personas haitianas y dominicanas negras, detenciones masivas e ilegales de mujeres embarazadas, niños y niñas, allanamientos sin orden judicial, entre otras medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma firmado por la República Dominicana.

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Una década de lucha y resistencia contra la sentencia 168-13

Hoy se cumplen 10 años de esa nefasta sentencia, que vino a validar todas las prácticas administrativas racistas de la JCE y violadoras de los derechos fundamentales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como décadas de racismo de Estado, incluyendo la masacre racista de 1937, y el trabajo forzoso que persiste hoy en la industria azucarera, la construcción y otros sectores de nuestra economía.

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Racismo de Estado y Derechos Humanos en RD

El presidente Luis Abinader mencionó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la candidatura del Estado dominicano al Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente el gobierno dominicano decidió no participar en la sesión de compromisos de los estados organizada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, demostrando que no tiene un verdadero compromiso de discutir de forma pública y transparente su propuestas en materia de derechos humanos.

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Denunciamos allanamientos y detenciones de dominicanos/as de ascendencia haitiana en El Seibo

El Movimiento Reconocido llama la atención acerca de la ilegalidad de estos operativos en los que agentes de la DGM, militares y policías que intervienen carecen de identificación visible y no actúan de acuerdo con las disposiciones constitucionales y del reglamento de la Ley de Migración 285-04, que prescriben la obligatoriedad de que los agentes estén plenamente identificados, que indiquen las razones legales de la detención y solo practiquen allanamientos que estén debidamente autorizados por un tribunal y en presencia de fiscales del Ministerio Público.

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Proyecto de electrificación de bateyes en El Seibo

Antes de la electrificación de Batey Brador y Batey 50, las personas tenían que viajar 25 minutos en motor y pagar a un colmado alrededor de 25 pesos para cargar un celular. Ahora pueden hacerlo desde sus casas. Adicionalmente, jóvenes de la comunidad recibieron preparación para realizar el mantenimiento a los paneles. A pesar de la política oficial de marginación contra los bateyes, las comunidades se abren paso a nuevos horizontes con su propia lucha.

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