Hoy se cumplen 10 años de esa nefasta sentencia, que vino a validar todas las prácticas administrativas racistas de la JCE y violadoras de los derechos fundamentales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como décadas de racismo de Estado, incluyendo la masacre racista de 1937, y el trabajo forzoso que persiste hoy en la industria azucarera, la construcción y otros sectores de nuestra economía.
El presidente Luis Abinader mencionó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la candidatura del Estado dominicano al Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente el gobierno dominicano decidió no participar en la sesión de compromisos de los estados organizada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, demostrando que no tiene un verdadero compromiso de discutir de forma pública y transparente su propuestas en materia de derechos humanos.
El Movimiento Reconocido llama la atención acerca de la ilegalidad de estos operativos en los que agentes de la DGM, militares y policías que intervienen carecen de identificación visible y no actúan de acuerdo con las disposiciones constitucionales y del reglamento de la Ley de Migración 285-04, que prescriben la obligatoriedad de que los agentes estén plenamente identificados, que indiquen las razones legales de la detención y solo practiquen allanamientos que estén debidamente autorizados por un tribunal y en presencia de fiscales del Ministerio Público.
Antes de la electrificación de Batey Brador y Batey 50, las personas tenían que viajar 25 minutos en motor y pagar a un colmado alrededor de 25 pesos para cargar un celular. Ahora pueden hacerlo desde sus casas. Adicionalmente, jóvenes de la comunidad recibieron preparación para realizar el mantenimiento a los paneles. A pesar de la política oficial de marginación contra los bateyes, las comunidades se abren paso a nuevos horizontes con su propia lucha.
Hoy usted es ciudadano dominicano, mientras nosotros y nosotras, aunque nacimos y crecimos en este país, seguimos luchando en contra de la sentencia que nos hizo apátridas en nuestro propio país. A 10 años de la sentencia 168-13, nuestra realidad es peor, pero seguimos firmes en la lucha.
Así como este año la dictadura nicaragüense quitó la nacionalidad a cientos de personas por sus ideas políticas y por oponerse al régimen de Ortega, hace diez años el régimen racista dominicano adoptó una política de quitarle la nacionalidad retroactivamente a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana. No lo hizo por nuestras ideas políticas sino motivado por la ideología racial.
Esta política discriminatoria se apoya en una propaganda no sustentada en datos e informaciones reales, solo para atacar a mujeres embarazadas, en labores de parto o lactantes, dentro y en los alrededores de los hospitales públicos y otros centros de salud, como por ejemplo, el caso de la policlínica de Higüey, donde, en una acción flagrante y abiertamente violatoria de los derechos constitucionales y las leyes nacionales dominicanas, buscando y cazando cubículo por cubículo a mujeres en consulta prenatal. Esta situación es un indicio que estamos avanzando en una especie de apartheid, ya que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o en situación de vulnerabilidad.
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A nueve años de la promulgación de la Ley 169-14, mediante la cual el Estado dominicano alegaba que abordaba la situación de las personas dominicanas afectadas por las políticas de desnacionalización, como la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado demostrado que el verdadero propósito de dicha ley fue neutralizar las denuncias nacionales e internacionales y desmovilizar las protestas, consolidando la desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. En estos nueve años, los sucesivos gobiernos han congelado la situación de las personas afectadas, dejándolas en un limbo jurídico, sin registro civil, con una documentación vencida y sin acceso a la nacionalidad dominicana y a los plenos derechos económicos, políticos y sociales. Es urgente revertir esta situación.
