Como parte de la comunidad de dominicanos de ascendencia haitiana, queremos públicamente agradecer a Marino Zapete por todos sus años de entrega al servicio de la información de una manera íntegra y apegada a una visión de defensa de los derechos humanos. Agradecemos que, en los momentos más difíciles de nuestra lucha como grupo vulnerado en la sociedad dominicana, él fue una voz de denuncia y solidaridad, al igual que Edith Febles y otros periodistas.
Desde el año 2010 empiezan a reunirse jóvenes de diversas comunidades, de bateyes y barrios de la República Dominicana, enfrentando una misma situación. Desde 2007 la JCE emitió circulares y resoluciones que pusieron en suspenso nuestros derechos fundamentales como personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.
Marchamos para avanzar hacia una sociedad justa y protectora de derechos, en donde
el origen nacional no sea un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Urge el
cese de la práctica racista y xenófoba hacia las mujeres migrantes de ascendencia
haitiana. Negar la atención médica, obligando a mujeres a parir afuera de un hospital
por ser migrantes, pobres, por ser negras, es un acto de barbarie que denunciamos con
dolor y vergüenza. No enfrentar con energía y decisión este problema implica protección y complicidad.
Destacan el testimonio de “Isidro”, un joven dominicano de 17 años que fue enviado a Haití y estuvo alrededor de cuatro años viviendo en el vecino país, hasta que logró regresar y alcanzar el octavo grado de escolaridad. “Ángela”, de 22 años, narra que no pudo realizar estudios universitarios y perdió un trabajo al vencerse su carnet del plan de regularización de la Ley 169-14. Pese a realizar todos los trámites para la obtención de su cédula, no ha sido posible obtenerla. “Todos mis hermanos están pasando por esa misma situación, tienen cédulas, pero vencidas. Somos ocho hermanos y cuatro tienen cédula del plan y cuatro solo tenemos acta del plan. Tengo mucho miedo de salir a la calle [ante el peligro de] ser deportada a Haití, ya que no conozco a nadie allá”
