Desde Malunga, Red por la Justicia Global y contra el Racismo Antinegro, queremos expresar nuestro rechazo categórico a las nuevas medidas migratorias adoptadas por el gobierno de la República Dominicana contra la población migrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana que residen en ese país. Las medidas que entraron en vigor este lunes 21 de abril[1] han recrudecido las redadas migratorias e institucionalizado la violencia que sufren las personas de origen haitiano y sus descendientes.
En estos momentos que el mundo reclama por una solución real y efectiva ante la larga crisis haitiana, y que los pueblos afrodescendientes del mundo, durante el Foro Permanente en la Naciones Unidas, celebrado en la ciudad de New York del 14 al 17 de abril pasado, han clamado por la restitución de la deuda histórica impuesta al pueblo haitiano por Francia, queremos hacer un llamado a los grupos afrodescendientes, a los intelectuales y los movimientos que luchan por la justicia social, contra el racismo y la colonialidad de todo el continente y el mundo a rechazar la violencia sostenida a que está siendo sometida la población migrante haitiana y sus descendientes en la República Dominicana por parte del gobierno dominicano y sus instituciones desde hace décadas.
La realidad actual del pueblo haitiano y de su diáspora está intrínsecamente conectada con la visión negativa de Haití y de la revolución que dio la libertad y dignidad a las personas esclavizadas, por lo que no podemos exigir reparación integral y clamar por la restitución monetaria para Haití sin tomar en cuenta las condiciones actuales de sufrimiento del pueblo haitiano dentro y fuera de su país. La violencia de las bandas que está azotando al pueblo de haitiano en su propio país han producido un desplazamiento interno sin precedentes en su historia, por lo que las deportaciones forzadas del gobierno dominicano de migrantes haitianos indocumentados hacia el territorio haitiano en estos momentos de recrudecimiento de la violencia en ese pais, representa un crimen y una violación al resguardo y protección de la población migrante desplazada hacia otros territorios por el conflicto interno en sus paises de origen. Ante ello la comunidad internacional que clama por la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes no puede mantenerse indiferente y debe clamar por un tratamiento digno de esta población como lo hace ante otros conflictos activos en el mundo actualmente.
Desde la Red Malunga expresamos nuestra profunda consternación y preocupación por los casos de detención y deportaciones de mujeres embarazadas y parturientas de los hospitales dominicanos, por las detenciones masivas indiferenciada que dejan atrás a niñas, niños y adultos mayores abandonados a su suerte, por la destrucción y allanamientos de viviendas a cualquier hora del día y la noche, por las persecuciones riesgosas a personas con perfilamiento racial que han culminado en accidentes fatales de las personas perseguidas, por los abusos policiales, por parte de la ciudadanía y del empresariado contra nacionales haitianos. Estas prácticas, aunque no son nuevas, se han ido incrementando y naturalizando con el pasar del tiempo dejando a esta población en estado de absoluta vulnerabilidad, explotación y apartheid social. Esta naturalización del estado de cosas es alarmante y debemos condenar categóricamente como una de las expresiones palpables del racismo antinegro contemporáneo. Esta violencia institucional profundiza el racismo antinegro y la violencia contra los cuerpos de los migrantes negros etiquetados y estigmatizados como carga para el sistema. Los testimonios difundidos en medios locales de la República Dominicana muestran decenas de mujeres embarazadas detenidas por agentes de migración en varios hospitales del país, familiares también han denunciado la detención de mujeres dominicanas negras o adolescentes las cuales no poseen documentos de identidad y son confundidas con nacionales haitianos.
Desde que en octubre del 2024 el gobierno anunció el plan de deportación de 10,000 inmigrantes cada semana, la violencia contra esta población no ha cesado y se ha recrudecido. Nos preocupa como con estas nuevas medidas hacia la población haitiana migrante y sus descendientes en el país el racismo antihaitiano se institucionaliza como estrategia de control estatal, como queda evidente con los acontecimientos ocurridos este 22 de abril en el barrio de Mata Mosquito en Friusa, una comunidad habitada por población de origen haitiano en su mayoría y en donde en menos de 24 horas han detenido y deportado a cientos de personas haitianas sin ningún protocolo que permita individualizar los casos.
Queremos recordar que los Estados, incluyendo la República Dominicana, tienen compromisos internacionales que los obligan a respetar y garantizar la vida, los derechos y dignidad de todas las personas que habitan su territorio, incluyendo a la población migrante independientemente de su estatuto de legalidad. Si bien el estado dominicano alega estar en su derecho de proteger sus fronteras y a su ciudadanía, no hay justificación para la violencia y los ataques contra mujeres embarazadas y niños quienes no representan una amenaza para la seguridad nacional como se afirma y sin embargo en la actualidad están siendo víctimas de persecución y ataque por parte de las autoridades policiales y migratoria.
Aunque las autoridades dominicanas han reconocido en diversos espacios nacionales e internacionales la situación crítica de crisis que vive el Estado haitiano e insistentemente en diferentes instancias han abogado para que la comunidad internacional extienda su apoyo ante ella, sus acciones y prácticas se contradicen de acuerdo a la política que lleva dentro del país.
Desde la Red Malunga, denunciamos toda forma de violencia producto del racismo antinegro que vive el pueblo migrante haitiano y sus descendientes y exigimos el cese del perfilamiento racial y de la persecución migratoria compulsiva que afecta también a las personas negras dominicanas que no poseen documentos de identidad. También hacemos un llamado e instamos a los movimientos negros y a la comunidad internacional comprometida con el resguardo de los derechos humanos a nivel internacional a alzar la voz y condenar la violencia sistemática ejercida contra los migrantes haitianos y personas dominicanas de origen haitiano; así como exigir al estado dominicano el cese de esta política de segregación, persecución y deshumanización.
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[1] Estas medidas están definidas en un protocolo para detener la inmigración ilegal (sic) implica entre otras cosas: reforzamiento de la militarización de la frontera con Haiti, reorganización operativa de control territorial, aumento de las sanciones para empleadores y arrendatarios de viviendas que contraten o alquilen a personas indocumentadas, necesidad de presentar documento valido y en forma en hospitales publicos, cobro del servicio de salud para las personas migrantes y aviso a las autoridades de migracion de personas indocumentadas que requieran ayuda medica procediendo a su deportación tan pronto se les da el servicio de urgencia, agentes migratorios en cada hospital para garantizar que se cumpla la medida.
