Como parte de la comunidad de dominicanos de ascendencia haitiana, queremos públicamente agradecer a Marino Zapete por todos sus años de entrega al servicio de la información de una manera íntegra y apegada a una visión de defensa de los derechos humanos. Agradecemos que, en los momentos más difíciles de nuestra lucha como grupo vulnerado en la sociedad dominicana, él fue una voz de denuncia y solidaridad, al igual que Edith Febles y otros periodistas.
Marchamos para avanzar hacia una sociedad justa y protectora de derechos, en donde
el origen nacional no sea un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Urge el
cese de la práctica racista y xenófoba hacia las mujeres migrantes de ascendencia
haitiana. Negar la atención médica, obligando a mujeres a parir afuera de un hospital
por ser migrantes, pobres, por ser negras, es un acto de barbarie que denunciamos con
dolor y vergüenza. No enfrentar con energía y decisión este problema implica protección y complicidad.
El sacerdote Pablo Mella citó diversos pasajes bíblicos que consagran la importancia de la justicia, entre ellos los pasajes del libro Éxodo en los que Dios reclama respeto para los inmigrantes, al huérfano y a la viuda. Recordó que el culto no puede ser efectivo si no promueve la justicia social, y destacó la justicia de la causa de las personas dominicanas de ascendencia haitiana víctimas de la desnacionalización.
La verdadera amenaza a los derechos del pueblo dominicano no viene de Haití. La tenemos aquí mismo entre nosotros, la amenaza viene de las políticas del gobierno y las campañas de sectores antidemocráticos que promueven e imponen la discriminación, la exclusión y la miseria, que niegan nuestros derechos democráticos más elementales, que nos mantienen sin derechos laborales, sin igualdad efectiva ante la ley, que permanentemente difunden discursos de odio racista que se traducen en violencia, que pretenden construir un régimen de apartheid. Detener el antihaitianismo gubernamental, la discriminación y el odio racista, es luchar por un futuro en el que todas las personas dominicanas podamos gozar de igualdad de derechos, libertades y dignidad.
