Día de los Derechos Humanos: apatridia y detenciones arbitrarias de personas dominicanas de ascendencia haitiana
Este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se conmemoran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente el mundo de hoy está atravesado por violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Impactantes masacres contra el pueblo palestino en Gaza por parte de Israel, miles de personas migrantes africanas que mueren en el Mediterráneo o el Darién, el auge de las ultraderechas racistas y enemigas de los derechos de las comunidades LGBT y de las mujeres, la desnacionalización de miles de personas del pueblo Rohingya en Birmania, dictaduras de todo tipo, retroceso en los derechos laborales y sociales, entre tantos ataques de los gobiernos contra la humanidad. En República Dominicana se debilitan los derechos humanos cuando el gobierno usa la xenofobia y el racismo de Estado para intentar ganar votos y distraer de los problemas políticos y sociales del país, atacando a las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, manteniendo a una importante comunidad en situación de apatridia, reconocida como la más grande de todo el hemisferio occidental.
La situación de las más de doscientas mil personas en situación de apatridia, luego de la desnacionalización mediante la sentencia racista 168-13, se ha agravado luego de que el gobierno de Luis Abinader iniciara una campaña de deportaciones masivas, que ha afectado a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Todas las semanas se realizan allanamientos sin orden judicial, incursiones en los bateyes, extorsión, perfilamiento racial y violencia de género, entre otros ataques a los derechos humanos. El Movimiento Reconocido viene denunciando estas acciones ilegales y lesivas de la dignidad humana por parte del gobierno. La organización incluso está siendo víctima de estas detenciones arbitrarias. Durante el mes de noviembre, el Movimiento Reconocido ha tenido que intervenir ante la detención de 8 jóvenes que han sido detenidos por agentes de migración en diferentes puntos del país.
En el Batey Yacob en Pedro Brand también fueron detenidas cinco personas dominicanas de ascendencia haitiana el miércoles 22 de noviembre. Las detenciones fueron realizadas utilizando los métodos típicos de la Dirección General de Migración (DGM): allanamientos sin orden judicial a tempranas horas de la mañana, perfilamiento racial y traslado al centro de detención de Haina para la depuración de los documentos. Integrantes del Movimiento Reconocido debieron trasladarse al Centro de detención de Haina para impedir que las personas fueran desterradas ilegalmente.
Otro de los casos se presentó el domingo 12 de noviembre, con la detención de nuestro compañero Alberto Pierre, mientras viajaba para participar en una asamblea de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA). Alberto es integrante del movimiento en la provincia de Monte Plata.
Cuando le requirieron sus documentos, Alberto presentó su residencia permanente del plan de naturalización y su cédula con la indicación No Vota. Sin embargo, aplicando un protocolo violatorio de la Constitución y de la Ley de Migración 285-04, Alberto fue detenido arbitrariamente por agentes no identificados y enviado al centro de detención de Haina, para el chequeo de sus documentos. Fue trasladado en un autobús hacinado, lleno de basura y contaminado con orines, no apto para el traslado de seres humanos. El autobús durante el viaje a Haina colisionó con otro vehículo, colocando en riesgo las vidas de las personas detenidas.
El reglamento de la ley es muy claro: la detención migratoria “será el último recurso” y solo se utilizará “en caso (de) que se estimen insuficientes los demás recursos”. A pesar de ello, la Dirección General de Migración (DGM) aplica sistemáticamente la detención migratoria para la realización de simples chequeos de documentos, sometiendo a miles de personas a detenciones que pueden durar de algunas horas hasta varias semanas, situaciones en las que proliferan la extorsión y otros delitos contra las personas detenidas.
Somos dominicanas y dominicanos
El Movimiento Reconocido se movilizó para rescatar a sus integrantes detenidos arbitrariamente, contactando a funcionarios de la DGM para informarles que habían detenido a jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, quienes bajo ninguna razón deberían de ser detenidos ni desterrados. Luego de varias horas de detención arbitraria y ante la insistencia de nuestra organización fue liberado Alberto.
Los coroneles destacados ante el centro de detención de Haina expresaron ante integrantes de nuestra organización que nuestros compañeros detenidos arbitrariamente no eran dominicanos, recurriendo a interpretaciones acomodaticias de la legalidad haitiana para argumentar que las personas dominicanas de ascendencia haitiana pueden reclamar la nacionalidad haitiana. Alberto es un digno representante de nuestro movimiento, desde hace años aporta a una mejor República Dominicana y continuará luchando junto a nuestra organización por un país más democrático, sin racismo institucionalizado y con igualdad de derechos para todas las personas.
Frecuentemente los agentes migratorios se refieren a las personas detenidas con descriptores raciales como “los morenos”, y los espacios de reclusión no son aptos para personas, debido a su insalubridad, mal olor y hacinamiento. Se trata de graves violaciones a los derechos humanos, motivadas por el odio racial.
Debemos recordarle al gobierno dominicano y a sus funcionarios que en la República Dominicana rigen las leyes y la constitución dominicana y que no pueden violarlas recurriendo a interpretaciones de las leyes haitianas. Las acciones ilegales de la DGM no están amparadas por la legislación de ningún otro país y las autoridades deben tomar en cuenta que la población dominicana en situación de apatridia no debe ser tratada como extranjera en su propio país. Hasta tanto le sea restituida la nacionalidad a todas las personas afectadas por la política racista de desnacionalización, el Estado debe poner en práctica un protocolo especial para evitar su detención arbitraria y destierro.
Nuestras exigencias en el Día de los Derechos Humanos
Miles de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, que no conocen Haití y que no hablan el idioma de ese país, que no tienen familiares en ese país, han sido objeto de procesos de detención arbitraria y expulsión. Este 10 de diciembre, debemos recordarle al gobierno que la pena de destierro no existe en la legislación nacional y expulsar a personas dominicanas en base a una clasificación racial es un grave crimen contra la humanidad que puede ser perseguido y sancionado por instancias internacionales.
Estas violaciones a los derechos humanos no deben continuar ejecutándose de manera impune. Por eso exigimos:
- Al Ministerio de Interior y Policía que instruya a la DGM a aplicar un protocolo para evitar la detención arbitraria y la expulsión de personas dominicanas de ascendencia haitiana así como respetar la Ley 285-04 en el sentido de que la detención migratoria sea el último recurso y que el chequeo de la documentación de las personas no requiera su encarcelamiento en Haina. Asimismo, exigimos que instruya a la DGM para deponer el protocolo de perfilamiento racial, mediante el cual se detiene arbitrariamente a miles de personas únicamente por su aspecto físico, en abierta violación del principio de no discriminación y presunción de inocencia.
- A la Procuraduría General de la República y especialmente a su Unidad de Derechos Humanos, que actúe para someter a la justicia a todos los funcionarios policiales, militares y migratorios que están incurriendo sistemáticamente en allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, extorsión, robos, tratos degradantes, abusos sexuales, y otros crímenes contra la población inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana.
- Al Presidente de la República que detenga sus discursos de odio contra la población inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, en los que califica a estas poblaciones como una carga para el Estado y una amenaza a la soberanía y la seguridad nacional. Asimismo, le exigimos que dé curso a los procesos tendientes a la recuperación de la documentación de las personas que aplicaron al proceso previsto en la Ley 169-14, tanto del grupo A como del grupo B, al tiempo que se emprenden iniciativas para poner fin definitivamente a la apatridia en la República Dominicana.
- A las y los diputados y senadores que finalmente cumplan con su deber legal y constitucional de vigilar y controlar las acciones del poder Ejecutivo, especialmente en lo que toca a la política de persecución racista contra personas dominicanas de ascendencia haitiana y la persistencia de la apatridia, abriendo las investigaciones parlamentarias de rigor e interpelando a los ministros involucrados en el diseño y ejecución de esta política violatoria de los derechos humanos.
