“No somos invisibles: pongámosle fin a la apatridia”

Este 23 de mayo de 2026 se cumplen 12 años de la promulgación de la Ley 169-14, creada por el Estado dominicano como respuesta a la situación de apatridia y desnacionalización provocada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que despojó de su nacionalidad a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y dejó a más de 200,000 personas en situación de apatridia, generando una de las mayores crisis de apatridia en el hemisferio.

La ley fue presentada ante el país y la comunidad internacional como una medida para reparar el daño causado y garantizar el reconocimiento de derechos. Se prometió que las personas afectadas recuperarían sus documentos, su estabilidad jurídica y su dignidad. Sin embargo, 12 años después, miles de personas continúan atrapadas en la exclusión, la discriminación y la incertidumbre.

La realidad demuestra que la deuda del Estado dominicano sigue pendiente.

Han transcurrido 12 años desde la promulgación de la Ley 169-14 y la situación continúa siendo alarmante. En el caso del Grupo A, solo alrededor de 26,000 personas han logrado recuperar sus documentos y el reconocimiento efectivo de su nacionalidad dominicana, mientras más de 34,000 continúan enfrentando obstáculos para acceder plenamente a su documentación y ejercer derechos básicos.

En cuanto al Grupo B, miles de personas continúan en una situación de vulnerabilidad debido a documentos vencidos, procesos paralizados y la falta de mecanismos claros de renovación. Aunque el Estado dominicano ha emitido decretos de naturalización en favor de 799 personas, y actualmente algunas de ellas han comenzado procesos de seguimiento y documentación, la mayoría de las personas con derecho a la nacionalidad aún no ha logrado recuperar plenamente sus documentos de identidad ni obtener garantías efectivas de protección jurídica. Esto mantiene a muchas personas expuestas a situaciones de incertidumbre, discriminación y riesgo de detenciones arbitrarias.

Miles de personas continúan sin documentos de identidad, mientras otras sobreviven con documentos vencidos o retenidos por las autoridades. Muchas personas beneficiarias de la Ley 169-14 siguen sin recibir respuestas concretas por parte del Estado, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos.

A esto se suma la retención arbitraria de documentos por parte de la Junta Central Electoral, práctica que ha afectado a cientos de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, colocándolos en una situación de vulnerabilidad permanente y negándoles derechos fundamentales como estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud o transitar libremente.

En los últimos años, además, hemos visto un incremento alarmante de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales en horas de la madrugada, expulsiones colectivas y prácticas de perfilamiento racial ejecutadas por agentes del Estado dominicano. Personas negras son perseguidas únicamente por su color de piel, por sus rasgos físicos o por ser consideradas “sospechosas” de ser haitianas.

La narrativa deshumanizante promovida desde distintos espacios oficiales y políticos ha alimentado la xenofobia, el odio racial y la violencia contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Estas acciones no solo generan miedo en nuestras comunidades, sino que también legitiman graves violaciones a los derechos humanos.

El Movimiento Reconocido ha documentado más de 100 casos de personas dominicanas de ascendencia haitiana víctimas de detenciones arbitrarias y expulsiones ilegales hacia Haití. Estas acciones han sido ejecutadas por agentes del Estado dominicano mediante prácticas de perfilamiento racial y bajo el argumento de la falta de documentos que el propio Estado se ha negado a renovar y reconocer.

Como movimiento, hemos vivido en carne propia y acompañado durante más de 12 años a las personas dominicanas de ascendencia haitiana en la defensa y promoción de sus derechos. Con apoyo y acompañamiento, hemos estado al lado de miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana que hemos nacido en este país y que aún enfrentamos graves vulneraciones en el goce y disfrute de nuestros derechos fundamentales.

Somos testigos del impacto que ha tenido la nueva postura del Gobierno, mediante las 15 medidas, en la vida de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres dominicanos de ascendencia haitiana. Decenas de miles de estas personas continúan viviendo en una situación de apatridia y riesgo, a pesar de la promesa de la Ley 169-14. Ni siquiera el 9 % de la población afectada ha podido resolver su situación tras la sentencia 168-13.

Reconocemos que la ley representa un avance, pero todavía persisten la falta de oportunidades y las vulneraciones de derechos, al dividirnos y categorizarnos en grupos. Por ello, instamos al Estado dominicano a cumplir su palabra y garantizar que la ley sea efectiva, real y libre de trabas burocráticas. Es necesario que las personas puedan continuar con sus vidas civiles, ejercer sus derechos fundamentales y que, de una vez por todas, se eliminen la falta de voluntad en la aplicación de esta ley, la arbitrariedad administrativa, la falta de claridad y los procesos confusos que conlleva su implementación.

Miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana tienen sus vidas detenidas, sin poder continuar con sus estudios, trabajar o moverse libremente, y aún esperan una solución definitiva, con la esperanza de que se reconozca plenamente su derecho a la nacionalidad y a una vida digna.

Resulta especialmente preocupante la situación de mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que son detenidas en hospitales públicos después de dar a luz. En muchos casos permanecen retenidas bajo vigilancia migratoria mientras aún se recuperan físicamente del parto, en condiciones de extrema vulnerabilidad y temor.

El caso de Lina Pie Lima

Lina, dominicana de ascendencia haitiana, fue detenida en julio de 2025 por agentes de Migración, aun teniendo consigo documentos que demostraban su identidad. Posteriormente fue expulsada ilegalmente hacia Haití, un país que no conoce, quedando abandonada en la frontera, sin protección ni asistencia.

Meses después, tras regresar al país y continuar luchando por sus documentos, fue nuevamente víctima de violencia institucional. Luego de dar a luz en el Hospital Provincial Materno Infantil Francisco Antonio Gonzalvo, en La Romana, agentes migratorios llegaron al hospital y la mantuvieron retenida durante cuatro días bajo vigilancia, mientras su hijo recién nacido permanecía con complicaciones de salud. Posteriormente, luego de haber dado a luz, fue trasladada junto a su bebé a la unidad de investigación y retención de la Dirección General de Migración (DGM), en una acción que refleja el trato cruel y discriminatorio al que continúan siendo sometidas las dominicanas de ascendencia haitiana en su propio país. Actualmente vive con el miedo constante de ser nuevamente expulsada y separada de su bebé.

Casos como el de Lina evidencian cómo las políticas migratorias y las prácticas institucionales están violando derechos fundamentales protegidos por la Constitución dominicana y por acuerdos internacionales ratificados por el propio Estado dominicano.

Las detenciones arbitrarias, las expulsiones ilegales, la persecución racial, la retención de mujeres recién paridas en hospitales y la negación de documentos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y representan una amenaza directa a la dignidad humana.

El silencio del Estado frente a estas violaciones también constituye una forma de violencia.

Doce años después de la Ley 169-14, el país sigue sin ofrecer una solución real y definitiva a las personas afectadas por la desnacionalización y la apatridia. Mientras tanto, nuestras comunidades continúan resistiendo, organizándose y denunciando los abusos que intentan invisibilizarnos.

Desde el Movimiento Reconocido reiteramos que la nacionalidad es un derecho humano fundamental y que ninguna persona debe ser perseguida por el color de su piel, el origen de su familia o su condición social.

EXIGIMOS:

1. La entrega inmediata de documentos de identidad a todas las personas beneficiarias de la Ley 169-14.

2. La reapertura de las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para dar seguimiento a la Ley 169-14.

3. El cumplimiento efectivo de los decretos de naturalización y la entrega de cédulas a quienes ya fueron reconocidos por el propio Estado.

4. El cese inmediato de las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales y las expulsiones de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

5. El fin de la retención arbitraria de documentos por parte de la Junta Central Electoral.

6. El cese de las prácticas de perfilamiento racial y persecución contra personas negras en República Dominicana.

7. La restitución plena de la nacionalidad a todas las personas desnacionalizadas nacidas entre 1929 y 2010.

8. La creación de un espacio de diálogo con el presidente o su gabinete para avanzar en soluciones reales, humanas y sostenibles.

Hoy levantamos nuevamente nuestra voz para recordar que no somos invisibles.

Somos dominicanos y dominicanas de pleno derecho. Somos parte de la historia, la cultura y la vida de este país.

Y mientras continúe la apatridia, la discriminación y la violencia institucional, seguiremos luchando en las calles, en las comunidades, en los tribunales y en todos los espacios necesarios hasta alcanzar justicia y dignidad.

Atentamente,
Movimiento Reconocido