La vulnerabilidad de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana ante estos operativos migratorios plagados de ilegalidades y arbitrariedades, que transgreden el propio ordenamiento legal y los reglamentos migratorios nacionales, es una consecuencia de la sentencia 168-13 que condenó a la apatridia a miles de personas de cuatro generaciones nacidas en suelo dominicano, además de que la ley 169-14 no subsanó la grave violación de derechos humanos perpetrada por la sentencia. El Movimiento Reconoci.do alerta que la totalidad de las aproximadamente 8 mil personas que entraron a un proceso de regularización migratoria como extranjeros nacidos en territorio dominicano para posteriormente optar por un proceso de naturalización, el llamado “grupo B”, tienen actualmente sus documentos vencidos.