El Movimiento Reconocido responsabiliza al gobierno nacional por los ataques ilegales de la DGM a comunidades de El Seibo
Los ataques ilegales perpetrados por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en varias comunidades de El Seibo, República Dominicana. Estos allanamientos se realizaron sin orden judicial, implicando detenciones arbitrarias, robo de dinero y bienes, actos de violencia como golpizas y torturas, principalmente dirigidos hacia personas de ascendencia haitiana. Se critica la política sistemática de persecución racista del gobierno, violando la Constitución y los acuerdos internacionales de derechos humanos. Se pide que se detenga esta represión y se exige que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se destaca la complicidad de algunas instituciones gubernamentales, como CONANI, y se recopilan testimonios de las víctimas para evidenciar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante estos allanamientos ilegales.
La Resolución 13-24 de la JCE es restrictiva y no resuelve el problema de la apatridia en la República Dominicana
La Resolución 13-24 de la JCE aborda la situación de personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Sin embargo, el análisis preliminar muestra que es restrictiva y no resuelve completamente el problema de la apatridia. La resolución establece un proceso para la transcripción de actas de nacimiento de hijos de extranjeros regularizados según la Ley 169-14, pero solo beneficia a una pequeña fracción de los afectados. Además, los requisitos dificultan que los menores de edad cumplan con el proceso. Se destaca la necesidad de revisar mil solicitudes de naturalización pendientes y reabrir las oficinas de naturalización cerradas desde 2020. Se insta a la JCE a emitir cédulas a los mayores de edad que recuperaron la nacionalidad. A pesar de estos avances, se enfatiza que queda mucho por hacer para saldar la deuda histórica con la comunidad dominicana de ascendencia haitiana en situación de apatridia.
Día de los Derechos Humanos: Apatridia y detenciones en RD
Nuestras exigencias en el Día de los Derechos Humanos
Miles de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, que no conocen Haití y que no hablan el idioma de ese país, que no tienen familiares en ese país, han sido objeto de procesos de detención arbitraria y expulsión. Este 10 de diciembre, debemos recordarle al gobierno que la pena de destierro no existe en la legislación nacional y expulsar a personas dominicanas en base a una clasificación racial es un grave crimen contra la humanidad que puede ser perseguido y sancionado por instancias internacionales.
Carta Pública/Open Letter to Ndaba Mandela, nieto de Nelson Mandela de visita en RD
Este Estado racista que le invita a conversar sobre los Derechos Humanos, hace 10 años, mientras enviaba una nota diplomática de condolencias por el fallecimiento del luchador antiracista y anti apartheid, Nelson Mandela, evacuó una Sentencia racista, la 168-13 retroactiva al 1929, que provocó un apartheid, al quitarle la nacionalidad a casi medio millón de dominicanos de ascendencia haitiana, por ser negros y negras, y hoy viven en apatridia.
Denuncian ante la CIDH Ataques Contra Mujeres Embarazadas en RD
Mencionaron que el destierro de mujeres dominicanas de ascendencia haitiana viola las normativas constitucionales, legales y convencionales vigentes. Se citó el caso de Diana Jean, joven dominicana de ascendencia haitiana, con siete meses de embarazo, que sufrió la denegación de atención médica el 23 de abril de 2022, bajo el falso argumento de que era una mujer haitiana indocumentada. El caso fue presentado ante el Tribunal Superior Administrativo, que ratificó la denegación de la atención médica. En consecuencia tuvo que dar a luz en su lugar de residencia. El 20 de julio de 2023, agentes de la DGM allanaron sin orden judicial la Maternidad de Higüey, deteniendo arbitrariamente a mujeres embarazadas y lactantes en base al perfilamiento racial, y enviándolas a un centro de detención para su posterior expulsión del país. Procedimientos ilegales similares fueron llevados a cabo en la Policlínica de Verón, El Hospital Regional Universitario de La Vega y en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago.