Desde el Movimiento Reconocido saludamos la convocatoria realizada por el Consejo Económico y Social (CES) para debatir una nueva política migratoria frente a la situación actual. Consideramos que el diálogo es una herramienta fundamental en democracia, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles que impactan la vida de miles de personas.
Valoramos este espacio como una oportunidad para construir una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, que reconozca el aporte de las personas migrantes al desarrollo nacional y garantice condiciones de vida dignas para ellas y sus familias.
Una política migratoria responsable debe construirse partiendo del cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes; por ejemplo, cumpliendo estrictamente con las disposiciones que prohíben la deportación de mujeres embarazadas, madres lactantes, niños, niñas y personas envejecientes. Este respeto al marco legal debe servir como base para avanzar hacia una regularización ordenada, sostenible y con enfoque de derechos, que permita a los trabajadores migrantes y sus familias acceder a condiciones de vida dignas, estabilidad y protección social.
Asimismo, proponemos que el Estado dominicano realice un diagnóstico actualizado de la demanda laboral por sector productivo, con el objetivo de avanzar hacia una regularización ordenada, transparente y sostenible de los trabajadores migrantes, que les permita acceder a derechos fundamentales como salud, educación, seguridad social y protección laboral.
Recordamos que la Dirección General de Migración (DGM) no está facultada legalmente para operar centros de detención, y que toda persona detenida fuera de la frontera debe ser puesta a disposición de la Procuraduría General de la República. Por tanto, los actuales centros de detención deben ser traspasados a la PGR, garantizando así el debido proceso y el respeto a la dignidad humana.
También hacemos un llamado a reconocer los derechos de los trabajadores cañeros, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, quienes durante décadas han contribuido al desarrollo de la industria azucarera nacional. Es urgente otorgarles la residencia y los beneficios que les corresponden por derecho y por justicia histórica.
Reconocemos que el actual proceso de diálogo en el CES tiene como objetivo principal la definición de una política migratoria nacional. Por esa razón, entendemos que la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la Sentencia 168-13 no puede ni debe ser abordada en este espacio, ya que no se trata de un tema migratorio ni de regularización. Se trata, más bien, de una grave violación de derechos fundamentales, en particular del derecho a la nacionalidad, que fue despojado arbitrariamente a personas nacidas en territorio dominicano.
Por ello, proponemos que, una vez concluido este ciclo de diálogo sobre política migratoria, se abra un espacio específico, institucional y con las garantías adecuadas para abordar el tema del reconocimiento de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana. Este nuevo proceso debe enfocarse en restablecer plenamente su derecho a la nacionalidad, conforme a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde el Movimiento Reconocido reiteramos nuestro compromiso con una política migratoria justa, humana y sostenible, que reconozca a las personas migrantes como sujetos de derechos y no como amenazas a la seguridad nacional. Al mismo tiempo, seguiremos luchando para que se reconozca y repare la situación de desnacionalización y apatridia que aún enfrentan miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
Invitamos al Estado dominicano, a los sectores participantes y a la sociedad en general a aprovechar este diálogo para construir un país más inclusivo, justo y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, apellido o condicion social.
