La madrugada del viernes, 15 de marzo, agentes de la Dirección General de Migración (DGM) irrumpieron en las comunidades de Villa Guerrero, Santa Lucía, Kilómetro 2 y Kilómetro 8 de la carretera Seibo-Higüey. Realizaron allanamientos ilegales sin orden judicial, rompiendo las puertas de las viviendas y deteniendo de forma arbitraria a decenas de personas. Los agentes de la DGM robaron dinero y bienes de las personas arbitrariamente detenidas, mientras cometieron actos de barbarie como golpizas y torturas. Entre las personas detenidas en base a un perfilamiento racial, como parte de una política sistemática de persecución racista del gobierno nacional, se encontraron personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo mujeres embarazadas, personas envejecientes y menores de edad, en abierta violación de la Constitución, del reglamento de la Ley de Migración 285-04, y del protocolo binacional de deportaciones suscrito por el Estado dominicano y el Estado haitiano.
Ninguna persona, independientemente de su estatus migratorio, nacionalidad o color de piel, debe ser sometida a allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, robos, extorsión, humillaciones o torturas. Estas ofensas a la más elemental dignidad humana por parte de las autoridades del Estado dominicano se han convertido en el día a día de las personas inmigrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras, imponiendo un virtual Estado de excepción en abierta vulneración del Estado de derecho.
La pena de destierro, aplicada por las dictaduras de Trujillo y Balaguer, no existe en el ordenamiento constitucional y legal dominicano. La expulsión a Haití de personas dominicanas de ascendencia haitiana viola la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano. Nuevamente exhortamos al gobierno a cesar sus políticas racistas e ilegales de persecución y represión contra las personas negras de este país y reiteramos que nuestra comunidad es la más grande en situación de apatridia en el hemisferio occidental. Someternos a objeto de procesos de expulsión masiva constituye un crimen gravísimo contra el derecho internacional humanitario. Las personas dominicanas de ascendencia haitiana en muchos casos nunca han estado en Haití, no hablan kreyol ni francés ni tienen contactos allí para recibir auxilio cuando son expulsadas de manera ilegal.
Entre las víctimas de las acciones represivas en El Seibo hubo numerosas mujeres, infantes, trabajadores de la industria azucarera y personas de avanzada edad. Muchas de estas personas se encontraban durmiendo al momento del ataque de la DGM, cuando vieron a agentes encapuchados y sin identificación, en abierta violación de la Constitución, rompiendo las cerraduras con las herramientas conocidas como “pata de cabra”.
En el operativo, los agentes de la DGM robaron teléfonos celulares y recaudaron grandes cantidades de dinero en efectivo mediante la extorsión a los inmigrantes y dominicanos de ascendencia haitiana. En algunos casos, cuando las víctimas se negaron a entregar el dinero, les fue robado directamente. Hubo golpizas contra quienes se resistieron a las detenciones arbitrarias e ilegales, incluso hubo personas sustraídas de sus viviendas desnudas. Entre las víctimas de las acciones ilegales de la DGM hubo también personas inmigrantes con su documentación migratoria y personas detenidas únicamente por tratar de frenar las acciones violentas y arbitrarias de los agentes contra víctimas menores de edad, algunas de las cuales fueron golpeadas. Algunas personas tuvieron que recibir atención médica por las lesiones sufridas a manos de los agentes de la DGM. Exigimos a la Procuraduría General de la República (PGR) que emprenda acciones para someter a la justicia al Director de la DGM y a los agentes involucrados en estas acciones ilegales y violatorias de los derechos humanos. De lo contrario será necesario recurrir a instancias internacionales para obtener la justicia que la PGR le niega a las víctimas, pese a hacerse llamar “justicia independiente”. Asimismo, llamamos la atención de la opinión pública sobre la inacción cómplice del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, con estas graves violaciones a los derechos humanos.
Algunas de las personas detenidas arbitrariamente fueron posteriormente liberadas por la mediación del sacerdote católico Miguel Ángel Guñón. El sábado 16 de marzo aún permanecía un niño de 15 años de edad detenido ilegalmente en el centro de detención de Haina. Alertamos que CONANI no debe hacerse cómplice de la expulsión de este niño, como ha ocurrido en otras ocasiones. Exigimos que sea liberado inmediatamente y reunido con sus familiares.
El Movimiento Reconocido, a partir de las denuncias compiladas en las comunidades afectadas por las acciones ilegales de la DGM, contabilizó la detención arbitraria de diez trabajadores cañeros, siete personas menores de edad, cinco mujeres, tres de ellas embarazadas, para un total de 22 personas detenidas arbitrariamente. El número real de personas detenidas es superior.
El gobierno se apoya para sus acciones en calieses. Uno de estos ha sido detectado por las comunidades, es conocido como “Rafael” y vive en la comunidad del Kilómetro 2. Realiza delaciones y a su vez se desempeña como intérprete para llevar a cabo la extorsión en contra de las personas inmigrantes arbitrariamente detenidas.
Testimonios de las acciones ilegales de la DGM
Un trabajador cañero de 67 años, con 43 años trabajando para la industria azucarera dominicana, a quien llamaremos Jean para proteger su identidad ante el temor a represalias, dado el clima antidemocrático y de ausencia de Estado de derecho que predomina en el país, da el siguiente testimonio:
“Estando acostado a las dos de la madrugada con mi esposa, de repente escuché que rompían mi puerta, y le dije a mi esposa que no se preocupará que es la Migración. De repente lograron romper la puerta y penetraron dentro de la casa; dos de ellos me sujetaron de la mano y uno me agarró por el cuello y me pedían que saliera de la casa y me subiera al camión estando desnudo, le dije que no me iba así porque estaba desnudo, entonces empezaron a forcejear conmigo y vino uno y me dio un palo en la muñeca causándome una herida y un dolor intenso. Entonces le dije que ellos no eran agentes de Migración, sino delincuentes que andaban en la madrugada, en ese momento uno de ellos me preguntó si tenía dinero, le dije que sí y me hicieron que le diera los únicos mil pesos que yo tenía para comer para que me soltaran. Después de esto me dijeron que me fuera a acostar; y así siguieron su operativo, saqueando a otras casas en la comunidad”.
Emmanuel, de 29 años de edad, narra que cuando los agentes de la DGM tocaron la puerta de su casa y les abrió, intentó huir. Uno de los agentes lo derribó, resultando herido en una rodilla. Estando en el suelo herido, otro agente le lanzó una piedra a la espalda. A pesar de las heridas que le produjeron los agentes, logró escapar y pudo salvarse de sufrir lesiones de mayor gravedad.
Marlene fue detenida cuando intentó interceder ante la detención ilegal de personas menores de edad. Su esposo también fue detenido arbitrariamente. Ella y su esposo tenían consigo sus cédulas de identidad.
Teleus, trabajador cañero de 35 años, cuenta que al abrir la puerta de su casa a los agentes de la DGM “me sacaron y por no darles dinero luego de que me lo pidieran me dieron un planazo con un machete en la espalda, al ser agredido forcejeé hasta escaparme, entonces de lejos vi que entraron a mi casa tomaron mi teléfono y mi billetera, tenía dos mil pesos, los cogieron y tiraron la cartera en el suelo afuera”.
Charls, de 41 años, denuncia que los agentes de la DGM, luego de romper la puerta de su casa y penetrar en ella le robaron el teléfono celular y lo golpearon con una pistola en la espalda. “Me robaron cuatro mil pesos que yo tenía en un bulto, también se llevaron papeles de motores y motores (de la comunidad)”, denuncia Osmo, de 30 años.
Nade denuncia que los agentes entraron a su casa y le robaron el teléfono celular modelo Tecno Pop 7 azul. Kemenson narra que siete agentes entraron a su casa, y golpearon a su hermano menor de edad para robarle un teléfono celular modelo Redmi Note 10C, azul. Kresnol cuenta que “llegaron de repente cuando mis hijos dormían, logré salir por la puerta trasera, mis hijos me dijeron que los bajaron de la cama, la levantaron buscando y revolotearon todo, al no hallar nada se llevaron mi teléfono y mil pesos”. También se robaron un teléfono celular marca HTC, negro.
