Por: Micely Díaz

Publicado originalmente en: Movimiento Socialista de los Trabajadores

El gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a Central Romana Corporation con una retención de las importaciones de azúcar sin refinar y productos derivados, ante las evidencias de trabajo forzoso a la que la empresa somete a sus trabajadores. Esta medida será efectiva a partir de noviembre del 2022. 

Independientemente de lo irónico de que dicha sanción provenga de un país en el que también se explota la mano de obra migrante, desde hace décadas se vienen denunciando la sobreexplotación laboral en los ingenios azucareros dominicanos. Un informe de Americas Watch en 1989 solicitó al Departamento de Comercio de EEUU investigar la denuncia de violaciones de derechos humanos y reconsiderar la cuota de azúcar asignada a la República Dominicana si no se implementaban reformas. Otros organismos internacionales denunciaron el trabajo forzoso en los ingenios y como retaliación ante la presión internacional, Balaguer decidió deportar masivamente a migrantes haitianos menores de edad y adultos mayores. Por su parte, el gobierno de Abinader continúa reciclando patrones antiguos frente a la migración haitiana, como discursos de odio, repatriaciones masivas sin el debido proceso, impedimento de entrada de haitianas embarazadas, desunificación familiar, así como represión y negación de atención médica a migrantes haitianas en plena labor de parto. 

Central Romana, de propiedad estadounidense, es la principal empresa agroindustrial y productora de azúcar del país. La caña continúa siendo cortada de manera manual porque su mecanización implica una alta inversión, por lo que la mano de obra barata haitiana es esencial. Los trabajadores no siempre cuentan con el equipo necesario para proteger sus ojos, manos y piernas. El uso de machetes para el corte de caña es muy peligroso; se han registrado casos incontables de trabajadores que han perdido parte de sus extremidades durante sus labores. Aquellos que han sufrido accidentes laborales no han recibido la debida compensación. Las evidencias de trabajo forzoso se encuentran debidamente registradas en diversas investigaciones (ver Verité, 2011). Muchos cañeros sufren otras consecuencias médicas, como alopecia por la exposición al sol, pérdida de la visión y enfermedades respiratorias ya que es común quemar la caña antes de cortarla. El uso de pesticidas también presenta un alto riesgo para la salud de los trabajadores.

Central Romana también restringe la libertad sindical. La Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) no puede realizar reuniones en sus instalaciones y, como resultado, deben trasladarse a otros bateyes para ejercer sus derechos de libre asociación. El sindicato Central Unidos es parte del Central Romana y realiza un descuento mensual a los picadores de caña, quienes no forman parte de la dirección sindical. Sin embargo, el resto de los empleados no está obligado a pagar dicha cuota. Asimismo, empleados del Central Romana refieren que, durante el Plan Nacional de Regularización, la empresa no facilitó el soporte necesario para la regularización de migrantes haitianos.  

Algunos de los indicadores de trabajo forzoso incluyen la restricción de movimientos, aislamiento, violencia física, intimidación y amenazas, así como condiciones de vida y trabajo abusivas, por mencionar algunas. La presencia del trabajo forzado en el sector azucarero dominicano es histórica e irrefutable. Las condiciones laborales de los cañeros continúan basadas en la sobreexplotación y salarios paupérrimos. A pesar de que Central Romana refiere en su comunicado que han destinado inversiones millonarias para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados, el pago por el corte y acarreo de caña sigue siendo deplorable y por ajuste. A mayo del 2022, el pago por tonelada de caña en el Central Romana era de RD$217. Un reportaje publicado por el Washington Post el 13 de octubre del 2021 evidencia que el corte de 10 toneladas de caña se paga por tan solo RD$ 1,995 (menos de USD$ 37).

Jesús Núñez, coordinador de la UTC, refirió estar de acuerdo con la decisión contra Central Romana. La UTC demanda mejores salarios, libertad sindical, así como la regularización migratoria para los trabajadores cañeros y sus familias para poner fin a las condiciones de trabajo forzado actuales.

Central Romana cuenta con una guardia privada e integrantes de la UTC han denunciado cómo en ocasiones han sido sometidos a abuso de poder, encarcelamiento arbitrario e incluso amenazas al intentar salir del batey. La guardia de Central Romana ha tratado de evitar que los cañeros adultos mayores vayan a manifestaciones para reclamar sus pensiones. Trabajadores refirieron haber sido en ocasiones apuntados con armas al intentar salir del batey. La UTC rechaza la extrema vigilancia y represión. Además, denuncia que cuando el cañero ya no es capaz de trabajar es sacado del batey, luego de 40 y 50 años laborando. 

Por último, exige la entrega de pensiones y hace un llamado para garantizar la humanización de los bateyes y la implementación efectiva del trabajo decente. 

Las pensiones de los cañeros y su regularización constituyen una deuda histórica del Estado dominicano. A pesar de que el presidente Luis Abinader prometió solucionar el problema de las pensiones a la población cañera, su administración ha incrementado las barreras para obtenerlas y ha suspendido la pensión de 379 cañeros. Más de 15,000 trabajadores cañeros esperan recibir la pensión. Existen más de 4,000 solicitudes sometidas y aún no cuentan con respuesta, a pesar de cotizar en la seguridad social por más de tres décadas. A lo anterior se suman diversos obstáculos en el acceso a la salud y el riesgo de ser deportados.  

Central Romana posee 101 bateyes donde residen principalmente migrantes haitianos dedicados al corte y acarreo de la caña. En la mayoría de los bateyes se vive en condiciones de hacinamiento, sin agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas. De acuerdo con Jesús Núñez, 87 de esos bateyes no cuentan con electricidad ni centros de salud. Esta tardía, pero necesaria sanción es un jaque mate económico a una empresa que por más de un siglo ha impuesto el trabajo forzoso en el país, sin que ello representara ninguna sanción por parte de las autoridades dominicanas. Frente a este escenario, es cuestionable su comunicado en respuesta a la medida de las autoridades estadounidenses, donde afirman que “el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen”, en clara contradicción con lo evidenciado en sus más de cien años de existencia. 

Referencias

Díaz, M. (2022). Barreras en el acceso a la pensión de los cañeros haitianos en República Dominicana. Perspectiva. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Disponible en https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/19209.pdf

Murphy, Z.; Cenziper, D.; Fitzgibbon, W., Shefte, W. & Georges, S. (2021, October 13). How money has flowed from the sugar fields of the Dominican Republic to the burgeoning tax haven of South Dakota. Washington Post.

Verité. (2011). Research on indicators of forced labor in the supply chain of sugar in the Dominican Republic. VERITE, USA: Massachusetts.