Movimiento Reconocido constata que ninguna candidatura presidencial asumió un compromiso programático con la superación de la apatridia en la República Dominicana

 

De cara a las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024, el Movimiento Reconocido, en tanto organización que reivindica y defiende los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, llama a toda nuestra comunidad a ejercer críticamente el derecho al voto, analizando las propuestas y la trayectoria de cada una de las candidaturas que se presentan para la Presidencia, el Senado y el Congreso. Una revisión de los programas de gobierno presentados ante la Junta Central Electoral por parte de las nueve candidaturas presidenciales nos presenta un panorama nada alentador, ya que ninguna de estas candidaturas ha abordado el problema de la desnacionalización racista y la apatridia que afecta a más de doscientas mil personas en el país, constituyendo la mayor comunidad en situación de apatridia de todo el hemisferio occidental. Creemos que esta omisión es extremadamente grave y muestra un escaso compromiso democrático con los derechos humanos y con la construcción de una política pública no racista en la República Dominicana.

Habiéndose cumplido una década de la sentencia inconstitucional racista 168-13 el año pasado, y estando próximos a cumplirse diez años de la ley 169-14 que ratificó la desnacionalización retroactiva de varias generaciones de dominicanos y dominicanas sobre la base de un criterio racial, creemos que es inaceptable que ninguna candidatura presidencial haya abordado en su programa de gobierno esta gravísima problemática que coloca a nuestro país en el concierto internacional como un Estado paria que no respeta los derechos humanos ni el Estado de derecho. Incluso en las pocas intervenciones públicas donde se ha discutido el tema, como las declaraciones dadas por el candidato presidencial Leonel Fernández ante un grupo de periodistas a propósito de la sentencia 168-13 y la ley 169-14, el ex presidente demostró un escaso conocimiento técnico legal del tema, al alegar que la Constitución de 2010 eliminó el ius soli, cuando en realidad solo lo condicionó, o cuando aseveró que la ley 169-14 había solucionado el problema de la apatridia. Así lo prometió en su momento el gobierno de Danilo Medina, pero en los hechos la mayoría de las personas afectadas por la sentencia 168-13 no han recuperado la nacionalidad, ni siquiera la mayoría de las personas que tenían sus documentos de identidad dominicanos al momento de esa sentencia infame.

Algunos programas de gobierno presidenciales contienen alusiones generales al problema del racismo estatal. Así, por ejemplo, el programa de María Teresa Cabrera del Frente Amplio plantea “promover y aplicar políticas públicas encaminadas a combatir la xenofobia y cualquier manifestación de discriminación racial”. El programa de Fulgencio Severino,  del Movimiento Patria Para Todos indica que “se combatirán la discriminación y la xenofobia, el racismo y toda forma de exclusión frente a los extranjeros, con un trato igual para todos los extranjeros que se acojan a nuestras leyes y condiciones, sin tomar en cuenta raza, color, creencias y de cuáles naciones provienen. Seremos respetuosos con todos los extranjeros que vivan en nuestro país”. Virginia Antares Rodríguez, de Opción Democrática, ofrece en su programa de gobierno un plan cultural para “erradicar todas las formas de violencia estructural y de exclusión social en el pueblo dominicano, promoviendo la celebración de la diversidad y la convivencia, y atacando el racismo, el machismo, el clasismo, la xenofobia, los crímenes y actitudes negativas contra las personas no hetero-normativas”. Sin embargo, llama la atención que no se aborde una de las más graves expresiones concretas del racismo estatal en el país, como lo es la desnacionalización racista y la apatridia. Los programas de las otras seis candidaturas no contienen ni siquiera una mención general sobre la necesidad de superar la discriminación racial.

En vista de este cuadro que se presenta de cara a las próximas elecciones, llamamos a todas las personas comprometidas con los derechos humanos, con la justicia, los derechos democráticos y con los valores antirracistas a ejercer su derecho al voto críticamente, condicionando cualquier voto en los niveles senatorial y congresual a declaraciones públicas y trayectorias intachables de compromiso claro y sin ambigüedades con la lucha en contra de la discriminación racial, la desnacionalización y la apatridia. Se trata de ejercer un voto consciente dirigido hacia candidatos que propongan políticas públicas que fortalezcan el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, para poner fin a las actuales políticas discriminatorias. A nivel de las candidaturas presidenciales, alertamos que ninguna candidatura ha asumido este tipo de compromiso, si bien tres candidaturas hicieron declaraciones generales y poco sustanciales sobre la cuestión de la discriminación racial. El Movimiento Reconocido en tal sentido convoca a la ciudadanía, a los movimientos y organizaciones sociales a reactivar los procesos de lucha contra el racismo, la desnacionalización y la apatridia una vez culmine el proceso electoral, construyendo un amplio movimiento social, nacional e internacional, para superar la actual situación de privación y negación de derechos.

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Los ataques ilegales perpetrados por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en varias comunidades de El Seibo, República Dominicana. Estos allanamientos se realizaron sin orden judicial, implicando detenciones arbitrarias, robo de dinero y bienes, actos de violencia como golpizas y torturas, principalmente dirigidos hacia personas de ascendencia haitiana. Se critica la política sistemática de persecución racista del gobierno, violando la Constitución y los acuerdos internacionales de derechos humanos. Se pide que se detenga esta represión y se exige que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se destaca la complicidad de algunas instituciones gubernamentales, como CONANI, y se recopilan testimonios de las víctimas para evidenciar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante estos allanamientos ilegales.

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