El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13, despojando de manera retroactiva de su nacionalidad a más de 200,000 dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Doce años después, esta herida sigue abierta: el Estado mantiene a miles de personas en condición de apatridia, negándolesderechos fundamentales y colocándolas en la indefensión jurídica.
Doce años después de la sentencia 168-13, sus consecuencias siguen siendo devastadoras para miles de jóvenes que no han podido continuar sus estudios por la falta de documentos de identidad, y las familias atrapadas en un limbo legal, hombres y mujeres impedidos de acceder a servicios básicos como salud, educación, o un empleo digno, y generaciones enteras de dominicanos sometidas a la humillación de ser cuestionadas su nacionalidad en su propia tierra. La Ley 169-14, en lugar de reparar el daño, profundizó la exclusión, dividiendo a las personas afectadas en categorías arbitrarias y dejando a la mayoría en la incertidumbre y sin la protección de sus derechos humanos.
Han pasado 11 años desde la promulgación de la Ley 169-14, creada con la intención de revertir los efectos de la sentencia 168-13, y la situación sigue siendo alarmante: sólo aproximadamente 26,000 personas del Grupo A han recuperado su cédula de identidad dominicana, mientras más de 34,000 continúan sin documentación, enfrentando graves obstáculos para ejercer plenamente su nacionalidad.
En cuanto al Grupo B, la gran mayoría de los beneficiarios posee una documentación otorgada por el Estado en el plan de naturalización que se encuentra vencida, incluyendo cédulas de identidad y residencias, sin que existan procedimientos claros ni mecanismos públicos en la Junta Central Electoral para su renovación, el proceso está detenido y las oficinas para la renovación de los documentos permanecen cerradas desde la pandemia de 2020, dejando a estas personas en una situación de incertidumbre, vulnerabilidad legal constante, y exponiéndose al riesgo de detención y expulsión por tener la documentación vencida. Además, miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana no pudieron acogerse a la Ley 169-14 durante corto plazo establecido, permaneciendo en una condición de apatridia total, sin mecanismos para reclamar su derecho a la nacionalidad y sometidos a la exclusión más profunda.
En julio de 2020, el presidente Danilo Medina emitió el Decreto 220-20, concediendo la nacionalidad a 750 personas, y en abril de 2021, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 297-21 para naturalizar a otras 50 personas. Sin embargo, el gobierno y la Junta Central Electoral no han cumplido con la entrega de la cédula de identidad dominicana a este reducido grupo de beneficiarios. Además, 32 personas tuvieron que recurrir al Tribunal Constitucional para que se reconociera su nacionalidad mediante la sentencia TC/0067/25, pero a pesar de ello aún no se les ha entregado su documentación y se desconoce su estatus actual.
El Movimiento Reconoci.do ha documentado, solo en lo que va de este año, más de 50 casos de personas dominicanas de ascendencia haitiana que han sido víctimas de detenciones arbitrarias y expulsiones ilegales hacia Haití. Estas acciones han sido ejecutadas por el Estado a través de la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, basándose en un perfilamiento racial y en la falta de documentos que el propio Estado les ha negado. Además, a través de estas políticas de expulsiones masivas el Estado pone en riesgo la vida de cientos de jóvenes dominicanos, obligándolos a llegar a un país que no conocen, donde quedan expuestos a redes de trata de seres humanos y a la violencia de mafias en la frontera. Son enviados a un territorio que no es el suyo, a pesar de que sus vidas y derechos están profundamente ligados a la República Dominicana.
Casos como los de Jessica y Daniela Lucien Joseph, Lina Pie Lima y Brenda Luis —algunas detenidas tras dar a luz y otras junto a sus hijos menores— reflejan la gravedad de una política institucional que criminaliza y persigue a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana por su color de piel y origen familiar. Estas acciones implican violencia de género, discriminación sistemática y violan los derechos de los niños, además de sus derechos constitucionales y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos..
La comunidad internacional, especialmente los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, han advertido que la sentencia 168-13 y su aplicación vulneran compromisos asumidos por el país en convenios, pactos y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas de protección al Movimiento Reconocido, y diversos organismos han instado al Estado a garantizar la restitución plena de derechos. Sin embargo, las autoridades han mantenido un régimen de discriminación y exclusión que atenta contra la democracia misma.
Frente a esta injusticia, nuestras comunidades no han guardado silencio. Estos doce años han sido también de resistencia: hemos levantado la voz, formado a jóvenes, acompañado a familias, impulsado proyectos culturales y económicos, y construido una memoria colectiva que desafía el intento de borrarnos. Porque aunque nos nieguen documentos, jamás podrán borrar nuestra identidad.
Hoy, al cumplirse 12 años de la sentencia racista 168-13, nos plantamos frente al Palacio Nacional para recordar que la justicia no puede esperar. Esperamos una respuesta proactiva del presidente y una pronta reunión con una representación del gobierno para tratar la implementación de estas recomendaciones urgentes, basadas en la Constitución y las leyes, así como en el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales firmados por el Estado dominicano.
Recordamos también las palabras del presidente Luis Abinader, quien en diciembre de 2013, durante el acto Abrazo Solidario en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), afirmó:
“Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándole el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Hoy, hemos venido a solidarizarnos con todos ellos, lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos… Estoy en la vida política porque quiero garantizar a todos los dominicanos y dominicanas igualdad ante la ley. Un país civilizado no debe tolerar ningún tipo de discriminación. La constitución y las leyes están de su lado, los acuerdos internacionales suscritos por el país nos obligan a respetar sus derechos. Ustedes no están solos, cuenten conmigo, cuenten con todos nosotros, cuenten con sus compatriotas de buena voluntad, permaneceremos a su lado hasta que el miedo desaparezca de la mente de muchos y volvamos a ser la República Dominicana que realmente es un país unido y solidario para siempre.”
Sin embargo, desde que asumió la presidencia ha olvidado ese compromiso y, a pesar de múltiples cartas, se ha negado a reunirse con nuestro colectivo.
Por eso, desde el Movimiento Reconocido exigimos al Presidente de la República y al Estado dominicano:
1. La entrega inmediata de documentos de identidad a todas las personas beneficiarias de la Ley 169-14.
2. La reapertura de las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para dar seguimiento a la Ley 169-14.
3. El cumplimiento efectivo de los decretos de naturalización y la entrega de cédulas a quienes ya fueron reconocidos por el propio Estado.
4. El cese inmediato de las detenciones arbitrarias y las expulsiones ilegales de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.
5. La restitución plena de la nacionalidad a todas las personas desnacionalizadas nacidas entre 1929 y 2010.
6. Solicitamos la creación de un espacio de diálogo con el presidente o su gabinete, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas y sostenibles para esta situación.
Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra vida misma proclaman lo que siempre hemos sido y lo que seguiremos siendo: dominicanos y dominicanas de pleno derecho. Mientras el Estado persista en negar nuestra nacionalidad, seguiremos luchando en las calles, en los tribunales, en las comunidades y en los escenarios internacionales, hasta que la justicia sea una realidad.
Atentamente:
Movimiento Reconocido
