Se cumplen diez años de la Ley 169-14 y miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan en el limbo de la apatridia

 

Movimiento Reconocido

Hoy, 23 de mayo de 2024, se cumple exactamente una década desde la promulgación de la Ley 169-14, que vino a ratificar la Sentencia 168-13 al consolidar la desnacionalización racista e inconstitucional de más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana. El Movimiento Reconocido ratifica que continúa luchando por la superación de la apatridia y el racismo de Estado en la República Dominicana.

El gobierno de Danilo Medina intentó presentar esta ley como una resolución de la situación de apatridia generada por los magistrados del Tribunal Constitucional que atentaron contra los derechos humanos y perpetraron un acto de apartheid con la sentencia 168-13. Sin embargo, tal y como alertamos que ocurriría, la mayoría de las personas afectadas por la sentencia no recuperaron la nacionalidad. Miles de personas permanecen en un limbo legal con documentos vencidos que no pueden renovar. Cientos de personas dominicanas en situación de apatridia han sufrido detenciones arbitrarias en el marco de las deportaciones masivas ejecutadas por el gobierno de Luis Abinader. Diez años después de la promulgación de la ley, la situación ha empeorado para nuestra comunidad.

De estos diez años de apatridia y negación de todos nuestros derechos sociales, económicos y políticos, seis corresponden a los gobiernos del PLD y cuatro al gobierno del PRM.  El presidente Luis Abinader se ha reelegido recientemente. Lo llamamos a reflexionar sobre su legado, si cuando culmine en 2028 su segundo período quiere ser recordado como el mandatario que profundizó la violación de los derechos humanos o si por el contrario demostrará la voluntad política para reunirse con la comunidad dominicana de ascendencia haitiana y sus organizaciones para diseñar e implementar una hoja de ruta para poner fin a la apatridia.

Tal y como declaramos el 23 de mayo de 2023, consideramos que problemas de diseño y aplicación de la Ley 169-14 consolidaron la situación de apatridia que “afecta de manera directa la vida de cientos de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. La falta de registro civil y de documentos de identidad… (limita) el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo formal, la protección social, el derecho a un patrimonio propio, entre otros, profundizando la vulnerabilidad y desigualdad social”.

Hay pasos que el gobierno podría dar de forma inmediata como gestos de buena voluntad, como reabrir la oficina administrativa del Ministerio de Interior y Policía encargado de los trámites de las personas que se acogieron a la Ley 169-14, para que puedan renovar sus documentos; entregar las cédulas de identidad a las 800 personas que han sido beneficiarias de decretos de naturalización y aún no cuentan con sus documentos de identidad. También adoptar medidas para que todas las personas del llamado “grupo A”, que tenían documentos de identidad dominicanos al momento de la sentencia 168-13 puedan recuperar la nacionalidad. A sabiendas de que son necesarias medidas adicionales para restituir la nacionalidad a todas las personas afectadas por la sentencia, incluyendo aquellas que no entraron en el llamado plan de regularización.

La apatridia y el racismo estatal son frenos para que el país supere el subdesarrollo y la herencia racista del trujillismo. Por eso la lucha del Movimiento Reconocido contra la apatridia, por la igualdad y la no discriminación, forma parte del esfuerzo de las y los dominicanos honestos que quieren un mejor país, con más derechos para todas y todos.

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Los ataques ilegales perpetrados por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en varias comunidades de El Seibo, República Dominicana. Estos allanamientos se realizaron sin orden judicial, implicando detenciones arbitrarias, robo de dinero y bienes, actos de violencia como golpizas y torturas, principalmente dirigidos hacia personas de ascendencia haitiana. Se critica la política sistemática de persecución racista del gobierno, violando la Constitución y los acuerdos internacionales de derechos humanos. Se pide que se detenga esta represión y se exige que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se destaca la complicidad de algunas instituciones gubernamentales, como CONANI, y se recopilan testimonios de las víctimas para evidenciar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante estos allanamientos ilegales.

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