La única conclusión a la que pueden llegar las víctimas de las violaciones de derechos humanos de este gobierno es que el Estado dominicano debe dar pasos reales para eliminar la apatridia, detener los abusos masivos de derechos humanos contra las personas inmigrantes haitianas, garantizar la igualdad de derechos y eliminar la discriminación racista de Estado con elementos de apartheid, antes de postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.
Marchamos para avanzar hacia una sociedad justa y protectora de derechos, en donde
el origen nacional no sea un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Urge el
cese de la práctica racista y xenófoba hacia las mujeres migrantes de ascendencia
haitiana. Negar la atención médica, obligando a mujeres a parir afuera de un hospital
por ser migrantes, pobres, por ser negras, es un acto de barbarie que denunciamos con
dolor y vergüenza. No enfrentar con energía y decisión este problema implica protección y complicidad.
Central Romana posee 101 bateyes donde residen principalmente migrantes haitianos dedicados al corte y acarreo de la caña. En la mayoría de los bateyes se vive en condiciones de hacinamiento, sin agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas. De acuerdo con Jesús Núñez, 87 de esos bateyes no cuentan con electricidad ni centros de salud. Esta tardía, pero necesaria sanción es un jaque mate económico a una empresa que por más de un siglo ha impuesto el trabajo forzoso en el país, sin que ello representara ninguna sanción por parte de las autoridades dominicanas. Frente a este escenario, es cuestionable su comunicado en respuesta a la medida de las autoridades estadounidenses, donde afirman que “el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen”, en clara contradicción con lo evidenciado en sus más de cien años de existencia.