El mayor reto de la educación para los dominicanos de ascendencia haitiana

 

Por Gasner Philistin

Las pruebas nacionales marcan el fin de la educación para muchos dominicanos de ascendencia haitiana

Las pruebas nacionales son una práctica evaluativa del sistema educativo de la República Dominicana, que se aplica a los estudiantes de 8º grado de la primaria y 4º de la Secundaria. Es un examen obligatorio de 2 horas para medir el rendimiento logrado durante el nivel básico y medio, cuya calificación pasa a integrar el 30% de la calificación general del año. Las autoridades dicen que sirve para tener un diagnóstico sobre la calidad educativa, aunque esto es fuertemente cuestionado por educadores y expertos académicos. Pero para los estudiantes dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la política racista de la desnacionalización, esta prueba tiene un significado diferente.

Aun habiendo nacido en el país y teniendo un buen rendimiento educativo, esta prueba puede significar el fin de la educación formal para las personas de esta comunidad, incluso a pesar de que la Constitución establece la obligatoriedad de la educación hasta completar el nivel secundario. En los hechos, los derechos constitucionales tienen una validez condicionada racialmente en la República Dominicana.

El anhelo de cada estudiante es terminar sus estudios secundarios para ir a la universidad y graduarse para servir a su comunidad con la vocación que eligió en la universidad, pero para poder llegar a la universidad primero se debe presentar las pruebas nacionales. Y para poder presentarla es indispensable entregar elacta de nacimiento certificada.

La realidad es que muchos adolescentes en las zonas rurales no cuentan con este documento. En el caso de las personas dominicanas de ascendencia haitiana este derecho les es negado por un Estado que ha decidido segregarlos racialmente y negarles sus derechos sociales, políticos y económicos.

Para miles de jóvenes y adultos dominicanos de ascendencia haitiana es un recuerdo imborrable el temor al escuchar a sus maestros advertirle: “si no traes tu acta de nacimiento no podrás tomar las pruebas nacionales”.

Siendo adolescentes nos encontramos con el terror de las pruebas nacionales y el muro de apartheid que el gobierno ha levantado para separarnos del resto de la población, negándonos el derecho a la educación y condenándonos a vivir en la miseria.

El acta de nacimiento se convierte en un pasaporte a la inclusión y su ausencia se convierte en una condena. Ser desnacionalizado luego significa no poder acceder a empleos formales o incluso el riesgo de ser extorsionado por agentes migratorios o detenidos arbitrariamente y desterrados. A veces, la primera constatación directa de esta exclusión y violencia de Estado ocurre con la exclusión de las pruebas nacionales.

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El Estado dominicano, si tuviera interés en mostrar un mínimo compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, podría emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho a la nacionalidad y el fin de la apatridia, el derecho a la pensión de los trabajadores cañeros y el fin del trabajo forzoso en la industria azucarera. De igual forma, podría constituir una comisión de la verdad para investigar, establecer responsabilidades y resarcir a las víctimas y sus descendientes de la represión durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, incluyendo la masacre racista de El Perejil de 1937, y crímenes de lesa humanidad del período considerado democrático como la masacre de abril de 1984, y desapariciones forzosas como la del profesor Narciso González.

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Al cumplirse diez años de la sentencia 168-13 que de manera inconstitucional desnacionalizó a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, la situación del país es de claro retroceso antidemocrático. Somos testigos de la aplicación generalizada por parte del gobierno encabezado por el presidente Abinader del perfilamiento racial y detenciones arbitrarias y extorsivas contra personas haitianas y dominicanas negras, detenciones masivas e ilegales de mujeres embarazadas, niños y niñas, allanamientos sin orden judicial, entre otras medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma firmado por la República Dominicana.

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