La Resolución 13-24 de la JCE es restrictiva y no resuelve el problema de la apatridia en la República Dominicana

 

Es muy importante que el Estado dominicano a través de la JCE finalmente adopte medidas en relación con la situación apremiante de las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13, quienes han sufrido años de negligencia y olvido estatal. Este hecho en sí mismo es positivo, no obstante, debemos señalar que la Resolución 13-24 emitida por la JCE el 21 de febrero de 2024 es muy limitada, tal y como hemos constatado en un análisis preliminar. Más adelante publicaremos un análisis más detallado de la resolución.

La Resolución 13-24 establece un procedimiento para la recepción, tramitación y transcripción de los registros de nacimiento de los hijos de personas extranjeras en situación migratoria irregular nacidas en la República Dominicana, que han sido regularizadas y naturalizadas de acuerdo con lo estipulado en la Ley 169-14.

Antes de esta resolución no existía un mecanismo para transcribir las actas de nacimiento de los beneficiarios de los decretos 262-20 y 297-21, que otorgaron la nacionalidad dominicana a los beneficiarios de la Ley 169-14. Sin embargo, cabe destacar que la resolución es muy restrictiva, ya que beneficia en primera instancia únicamente a aquellas personas naturalizadas por los decretos mencionados que han sido juramentadas por el Ministerio de Interior y Policía, sumando un total de 38 personas. Esto representa un porcentaje muy pequeño de las 800 personas naturalizadas por decreto, o la cifra de alrededor de 8 mil que aplicaron al proceso de naturalización previsto en la Ley 169-14. Además, resulta casi insignificante al compararse con la cifra de alrededor doscientas mil personas afectadas por la sentencia inconstitucional y antidemocrática 168-13, que constituyen la mayor comunidad en situación de apatridia de todo el Hemisferio Occidental.

Es importante resaltar que los beneficiarios de los decretos 262-20 y 297-21 eran menores de edad al momento de su emisión, lo que dificulta el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo primero del segundo ordinal de la resolución, que requiere una copia de la cédula de identidad de la persona regularizada. Será necesario revisar este requisito y enmendar la resolución para que los menores de edad puedan presentar su residencia y acta de nacimiento, y aquellos que han alcanzado la mayoría de edad puedan obtener la cédula.

Es relevante mencionar que existen alrededor de mil solicitudes de naturalización que aún no han sido respondidas por las autoridades. Es urgente su revisión por parte del Ministerio de Interior y Policía para que puedan ser beneficiarios de un nuevo decreto. De igual forma, hay más de 5 mil beneficiarios de la ley 169-14 que no han podido presentar sus solicitudes de naturalización debido a que este servicio ha estado suspendido en el Ministerio de Interior y Policía desde marzo de 2020. Es urgente reabrir estas oficinas, arbitrariamente cerradas. De tal manera que las personas que vayan cumpliendo con el proceso puedan recuperar la nacionalidad que les fue arrebatada de forma inconstitucional en 2013. Además llamamos a la JCE a emitir las cédulas de las personas que han alcanzado la mayoría de edad y han recuperado la nacionalidad.

En definitiva, falta avanzar mucho más para empezar a saldar la gran deuda histórica acumulada por el Estado dominicano con la comunidad dominicana de ascendencia haitiana en situación de apatridia.

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