Desde el año 2010 empiezan a reunirse jóvenes de diversas comunidades, de bateyes y barrios de la República Dominicana, enfrentando una misma situación. Desde 2007 la JCE emitió circulares y resoluciones que pusieron en suspenso nuestros derechos fundamentales como personas dominicanas de ascendencia haitiana.
La única conclusión a la que pueden llegar las víctimas de las violaciones de derechos humanos de este gobierno es que el Estado dominicano debe dar pasos reales para eliminar la apatridia, detener los abusos masivos de derechos humanos contra las personas inmigrantes haitianas, garantizar la igualdad de derechos y eliminar la discriminación racista de Estado con elementos de apartheid, antes de postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.
Las expulsiones se han intensificado en lo que va del mes de noviembre que según las cifras comunicadas a la prensa sitúan en más de 4,500 personas expulsadas en un solo día y que están expulsando un promedio de 20,000 personas cada mes. La incorporación de miembros del ejército dominicano y de la Policía Nacional, carentes de entrenamiento, ha hecho recrudecer la violencia en dicho operativos, con golpizas a personas afectadas, tal como se aprecia en videos e imágenes que circulan en las redes sociales.
La verdadera amenaza a los derechos del pueblo dominicano no viene de Haití. La tenemos aquí mismo entre nosotros, la amenaza viene de las políticas del gobierno y las campañas de sectores antidemocráticos que promueven e imponen la discriminación, la exclusión y la miseria, que niegan nuestros derechos democráticos más elementales, que nos mantienen sin derechos laborales, sin igualdad efectiva ante la ley, que permanentemente difunden discursos de odio racista que se traducen en violencia, que pretenden construir un régimen de apartheid. Detener el antihaitianismo gubernamental, la discriminación y el odio racista, es luchar por un futuro en el que todas las personas dominicanas podamos gozar de igualdad de derechos, libertades y dignidad.