Como organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y antirracistas, rechazamos este nuevo ataque por parte del régimen dominicano contra quienes defienden los derechos de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.
La única conclusión a la que pueden llegar las víctimas de las violaciones de derechos humanos de este gobierno es que el Estado dominicano debe dar pasos reales para eliminar la apatridia, detener los abusos masivos de derechos humanos contra las personas inmigrantes haitianas, garantizar la igualdad de derechos y eliminar la discriminación racista de Estado con elementos de apartheid, antes de postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La discriminación y la violencia estatal crecen paralelamente al aumento de la agresividad de los grupos de ultraderecha. Esta confluencia es una grave amenaza para los derechos democráticos de todo el pueblo dominicano. Aquellos sectores que se oponen a los derechos de las personas inmigrantes haitianas, también se oponen a los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, se oponen a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, e incluso se oponen violentamente a políticas públicas como la vacunación contra el covid19 o la realización de un censo. Son un peligroso factor de atraso para nuestro país.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y migrantes en el mundo existen actualmente más de 10 millones de personas en situación de apatridiia.
