A nueve años de la Ley 169-14, sigue pendiente restaurar la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

 

A nueve años de la Ley 169-14, sigue pendiente restaurar la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

A nueve años de la promulgación de la Ley 169-14, mediante la cual el Estado dominicano alegaba que abordaba la situación de las personas dominicanas afectadas por las políticas de desnacionalización, como la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado demostrado que el verdadero propósito de dicha ley fue neutralizar las denuncias nacionales e internacionales y desmovilizar las protestas, consolidando la desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. En estos nueve años, los sucesivos gobiernos han congelado la situación de las personas afectadas, dejándolas en un limbo jurídico, sin registro civil, con una documentación vencida y sin acceso a la nacionalidad dominicana y a los plenos derechos económicos, políticos y sociales. Es urgente revertir esta situación.

La ley 169-14, aunque de hecho validaba y consolidaba la desnacionalización, también establecía un camino para restituir los documentos y la nacionalidad de aquellos a quienes se les embargaron sus registros civiles. Esto último no se ha cumplido de manera efectiva. Una serie de trabas han sido establecidas para impedirlo. Con el nacimiento en estos nueve años de hijos e hijas de personas dominicanas de ascendencia haitiana sub registradas y sin documentos, se amplía el problema de la apatridia y éste abarca a una nueva generación.

El diseño y la implementación de la ley han generado este resultado que afecta a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que hoy viven en la incertidumbre y sin acceso a sus derechos. Han sido innumerables los obstáculos generados para impedir el acceso a la restitución de la nacionalidad a las víctimas de esta política racista y discriminatoria, incluyendo la falta de información, falta de recursos, falta de transparencia y la inexistencia de mecanismos de reclamación y apelación de los casos. Llegando al extremo de que el actual gobierno se niega a ejecutar los propios decretos de naturalización, que benefician a unas ochocientas personas, una pequeña minoría de menos del 1% de las personas afectadas por la desnacionalización.

Los problemas de diseño y aplicación de la Ley 169-14 han consolidado la situación de apatridia en República Dominicana que afecta de manera directa la vida de cientos de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. La falta de registro civil y de documentos de identidad representa una privación de derechos básicos, en todas las esferas de la vida, limitando el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo formal, la protección social, el derecho a un patrimonio propio, entre otros, profundizando la vulnerabilidad y desigualdad social.

El Movimiento Reconocido ha documentado en los últimos años cómo la falta de documentos de identidad dificulta la movilidad de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, constatando decenas de detenciones arbitrarias durante los operativos de interdicción migratoria. En estos operativos se realiza un perfilamiento racial y se exige presentar documentos de identidad que acrediten la nacionalidad a las personas de piel oscura. Como muchas personas dominicanas de ascendencia haitiana no cuentan con dichos documentos o se encuentran vencidos, como consecuencia de las políticas de discriminación racial del Estado dominicano, sufren frecuentemente detenciones arbitrarias y extorsión por parte de agentes policiales, militares y migratorios. De esta política no se salvan ni infantes ni personas envejecidas ni mujeres embarazadas. Esto demuestra que existe una grave limitación de la libertad de movimiento para las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

Con apatridia y discriminación racial no hay democracia

La situación de la apatridia y la desnacionalización en la República Dominicana ha sido objeto de preocupación por parte de organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos y ha generado debates tanto a nivel nacional como internacional. El país ha sido interpelado ante los mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en los foros del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se le ha exhortado a que se tomen medidas para garantizar que no siga habiendo personas en situación de apatridia.

Un Estado social, democrático y de derecho tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas que se encuentran en su territorio tengan registro de su identidad y acceso a documentos civiles. Esto incluye la obligación de reconocer la nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida, tal y como ha sido establecido en la Convención de la ONU de 1961 para reducir los casos de apatridia. Es una deuda vieja del estado dominicano firmar dicha convención, y así se lo exigimos. La apatridia tiene consecuencias perjudiciales tanto para la población afectada como para el desarrollo nacional y el bienestar general.

Es fundamental que el Estado Dominicano tome medidas concretas para abordar esta situación y garantizar que las personas que nacen en su territorio tengan acceso a un ejercicio efectivo de nacionalidad documentada, libre de apatridia y de discriminaciones que les impiden aportar con sus potencialidades humanas al desarrollo del país y de sus comunidades.

Deben ser eliminadas las barreras político-administrativas que impiden que la apatridia sea superada y establecerse procedimientos razonables y realizables que permitan a las personas dominicanas de ascendencia haitiana recuperar la nacionalidad. Nadie debe ser compelido a vivir en una especie de ostracismo y de permanente amenaza de destierro en el lugar donde nació, creció y ha vivido toda su vida.

Reconocer, prevenir y abordar la apatridia con una política pública inclusiva, brindaría la oportunidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana de salir de la pobreza y desarrollar sus potencialidades económicas y sociales en beneficio del bienestar general del país. Esto implica promover la igualdad de trato y oportunidades para todos, así como desmantelar las políticas y prácticas discriminatorias que perpetúan la apatridia y la pobreza. También pasa por reconocer el gran aporte que la comunidad dominicana de ascendencia, pese a la persecución que sufre, ha realizado en todos los órdenes de la vida nacional, como en el área deportiva, cultural, económica, académica y artística.

La visibilidad y la conciencia pública sobre la apatridia son importantes para generar cambios positivos y abordar esta problemática de forma digna y responsable, como se ha planteado a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Es necesario poner fin a las políticas de discriminación racial y promover el diálogo, la sensibilización y el reconocimiento de la situación de las personas desnacionalizadas, tomando medidas efectivas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Es esencial que el gobierno asuma su responsabilidad y trabaje en colaboración con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otros actores relevantes para abordar esta problemática de manera integral y continua. Organizaciones como el Movimiento Reconocido y muchas otras, además de las reservas morales, intelectuales, académicas y técnicas del país, se pueden poner en marcha para diseñar políticas públicas de ciudadanía y de integración que garanticen los derechos humanos y el desarrollo humano de todas las personas sin discriminación, simplificando los procedimientos del registro civil y poniendo fin a los intentos de segregación racial.

Pasos concretos que se deben dar hoy

El Estado dominicano debe garantizar que todas las personas en situación o riesgo de apatridia tengan la oportunidad de recuperar la nacionalidad y acceder plenamente a sus derechos como ciudadanos.

Es importante destacar que los principios constitucionales y considerandos de la ley 169-14, a pesar de sus limitaciones, siguen en vigor. Esto significa que los fundamentos y las bases legales establecidos en la legislación podrían aplicarse para aminorar la problemática de la desnacionalización y la apatridia en el país, reconociendo la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, el derecho a la nacionalidad y la no discriminación basada en el origen étnico o racial.

En consonancia con lo antes expresado el Movimiento Reconoci.do demanda al Congreso Nacional:

  1. Garantizar y fiscalizar la implementación de la Ley 169-14 de manera efectiva, garantizando que todos los procesos y procedimientos establecidos en la ley se lleven a cabo de manera justa, transparente y accesible para todas las personas elegibles, permitiendo una pronta naturalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas.
  2. Crear una resolución que ordene a las instituciones públicas encargadas de implementar la Ley 169-14 simplificar los requisitos para acceder a la naturalización y obtención de la nacionalidad sean razonables y no discriminatorios. Asimismo, ordenar la simplificación de los procedimientos y la eliminación de obstáculos burocráticos que dificultan el acceso a la renovación y la obtención de documentos necesarios para la naturalización.
  3. Legislar para la eliminación de las barreras discriminatorias que impiden el acceso a la nacionalidad, como la discriminación basada en el origen étnico, racial o de género, garantizando la igualdad de oportunidades para obtener la nacionalidad.
  4. En materia de garantía de derechos y protección, fiscalizar al Ejecutivo en la garantía del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas en situación de desnacionalización y apatridia, incluyendo el acceso a la educación, atención médica, empleo y protección legal. Asegurando que las personas en situación de apatridia tengan acceso a los mismos derechos y servicios que todos los ciudadanos. Por ejemplo, poner fin a la detención de mujeres embarazadas en los hospitales y sus alrededores.
  5. Interpelar a los ministros relacionados con estos temas, a saber, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro del Trabajo y el ministro de Interior y Policía. En dichas interpelaciones, exigirles a estos ministros la implementación de programas de sensibilización y educación sobre la apatridia y los derechos de las personas afectadas. Exigirles también promover la formación de funcionarios públicos y profesionales relevantes. Demandar la reapertura inmediata de la oficina administrativa del Ministerio de Interior y Policía encargada de dar seguimiento y completar los trámites de las personas que se acogieron a la ley 169-14. Y exigir la reapertura de la mesa de diálogo sobre derechos humanos, documentación e integración de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, especialmente las que están en situación de apatridia.
  6. Fiscalizar la transparencia y rendición de cuentas en relación con los procesos de naturalización y en la toma de decisiones relacionadas con la nacionalidad. Exigir la divulgación de información clara sobre los criterios y procedimientos de rendición de cuentas, así como la implementación de mecanismos efectivos para hacer reclamaciones y apelaciones.
  7. Legislar para una nueva extensión de la ley 169-14 para inscribir a las personas sin registro civil nacidas antes del 2010, que no pudieron acogerse a dicha ley y que hoy viven “afuereados”, marginalizados y “descartados”, confinados a los trabajos más precarizados y peor pagados, sin posibilidades de desarrollar plenamente sus talentos humanos al servicio del desarrollo y bienestar de sus comunidades y del país.
  8. Solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados interpele al director de la DGM por la sistemática violación de los Derechos Humanos, destacándose la violación al libre tránsito, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias, las extorsiones, torturas y asesinatos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas negras.

Es inaceptable que pasen los años y por acción y omisión todas las ramas del Estado dominicano sean perpetradoras de esta gran injusticia contra nosotros. Hay que tener valentía y voluntad política para poner fin a la degradación antidemocrática que implica la discriminación racial y la desnacionalización.

Finalmente, llamamos a todo el pueblo dominicano a que unamos esfuerzos en la construcción de una nación próspera e igualitaria, libre de apatridia y discriminación racial. ¡Todos los derechos para todas las personas ya!

Santo Domingo, 23 de mayo de 2023

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