Alexander Raimon, de 69 años, quien reclamaba el año pasado que tras 47 años trabajando en un ingenio de La Romana no le pagaban la pensión para la que aportó: “Yo he dado mi vida en la caña (y ahora) no tengo pensión, no tengo seguro médico, no tengo dinero, estoy enfermo… me dan 45 días para salir de mi casa”. Hay miles de trabajadores como él en la República Dominicana.
Para miles de jóvenes y adultos dominicanos de ascendencia haitiana es un recuerdo imborrable el temor al escuchar a sus maestros advertirle: “si no traes tu acta de nacimiento no podrás tomar las pruebas nacionales”.
Somos Quien Somos; Historias de vida de personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Este año se conmemoran diez años de la Sentencia 168-13, un instrumento para la segregación y la agudización de la discriminación racial en el país, desnacionalizando a más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana y afectando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, la libertad de la circulación y la libertad de reunión.
La opresión y la explotación de las mujeres no es un asunto de un pasado lejano. En nuestro país, las mujeres trabajadoras dominicanas, y especialmente las mujeres de ascendencia haitiana, enfrentamos una situación penosa debido a la discriminación y la negación de nuestros derechos fundamentales. Además de la dura realidad que enfrentamos por ser parte de la clase trabajadora en los sectores rurales y de los barrios populares, las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana sufrimos la discriminación al rojo vivo por nuestros orígenes, a manos del Estado y de los gobiernos.
Rechazamos con toda nuestra fuerza la persecución, maltrato y abandono de mujeres migrantes embarazadas en centros de atención médica y su deportación en condiciones deplorables, cuyo único resultado será la marginación y el aumento de la mortalidad materna e infantil entre la población migrante. Exigimos políticas migratorias que respeten la dignidad humana y garanticen los derechos fundamentales de las mujeres migrantes y que el Estado garantice el respeto y protección para las organizaciones y personas que trabajan por los derechos humanos de la población de ascendencia haitiana.