Alexander Raimon, de 69 años, quien reclamaba el año pasado que tras 47 años trabajando en un ingenio de La Romana no le pagaban la pensión para la que aportó: “Yo he dado mi vida en la caña (y ahora) no tengo pensión, no tengo seguro médico, no tengo dinero, estoy enfermo… me dan 45 días para salir de mi casa”. Hay miles de trabajadores como él en la República Dominicana.
Pero no se trata tan solo de comportamientos individuales motivados por los prejuicios y la ignorancia. Se trata de políticas de los gobiernos que convierten la discriminación en un crimen de Estado.
Este año se conmemoran diez años de la Sentencia 168-13, un instrumento para la segregación y la agudización de la discriminación racial en el país, desnacionalizando a más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana y afectando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, la libertad de la circulación y la libertad de reunión.
Exigen al gobierno de Abinader cesar los “brutales ataques a los derechos y la dignidad de las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana y poner fin a su campaña racista de deportaciones masivas.
Como organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y antirracistas, rechazamos este nuevo ataque por parte del régimen dominicano contra quienes defienden los derechos de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.
