JESÚS NÚÑEZ

 

Rechazamos la retención de Jesús Núñez por parte de la DGM en el Aeropuerto Internacional Las Américas

El Movimiento Reconocido expresa su indignación y rechazo ante la retención perpetrada el 27 de octubre por la Dirección General de Migración (DGM) en contra del dirigente sindical Jesús Núñez, coordinador de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) e integrante de la Federación Sindical Mundial (FSM). Núñez se disponía a viajar a Cuba para realizarse un tratamiento médico por un cáncer cuando fue interceptado en el Aeropuerto Internacional Las Américas por agentes de la DGM. Núñez ha declarado que lo retuvieron en un cuarto de la DGM en el aeropuerto y luego lo dejaron ir, pero sin poder ya abordar su vuelo hacia La Habana.

Ante la retención arbitraria de Jesús Núñez, el Movimiento Reconocido recuerda que las acciones ilegales y violatorias de los derechos humanos por parte de la DGM han sido sistemáticas bajo el gobierno de Luis Abinader. Hablamos de acciones tales como: detenciones y expulsiones sumarias de mujeres embarazadas, así como niños y niñas sin acompañamiento de sus padres o representantes legales; allanamientos a viviendas de personas inmigrantes sin orden judicial, extorsión a trabajadores haitianos, detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana y otras personas dominicanas negras, muertes de personas inmigrantes haitianas a manos de los agentes, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, las leyes y la constitución. Jesús Núñez y la UTC han sido críticos de estas políticas ejecutadas por la DGM.

Recientemente el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 338-22, el 26 de octubre, en la que establece la ilegalidad de las llamadas alertas migratorias. El Tribunal considera que estos impedimentos de salida del país violan el derecho al libre tránsito, sin estar sustentadas en una orden judicial de prohibición de salida del país, con lo cual se viola la presunción de inocencia. Exigimos a la Procuraduría General de la República que abra una investigación sobre el accionar de la DGM en el caso de Jesús Núñez y si constituyó una retención arbitraria que proceda a someter a la justicia a los responsables.

El Movimiento Reconocido recuerda, además, que el actual gobierno ha incumplido sus promesas de saldar la deuda histórica del Estado dominicano con los trabajadores cañeros haitianos, a quienes se debe desde hace décadas el pago de sus pensiones, y también ha traicionado a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana afectada por la sentencia racista 168-13, manteniendo a miles de personas en una situación de vulnerabilidad y negación de sus derechos fundamentales. Situación que se profundiza ante la política de deportaciones masivas ejecutada por la DGM.

Existe un clima político cada vez más antidemocrático en el que algunos funcionarios difunden discursos de odio contra la comunidad inmigrante haitiana, se favorece con la impunidad las acciones violentas de agrupaciones paramilitares y de orientación ideológica trujillista y neonazi, e incluso se observa la participación de agentes militares y policiales activos en actividades públicas junto a miembros de esas agrupaciones.

El Movimiento Reconocido hace un llamado al gobierno a fijar su posición sobre este tema y manifestar su rechazo a los discursos de odio y la política de persecución en contra de la comunidad inmigrante, la comunidad dominicana de ascendencia haitiana y los defensores de derechos humanos. Llama de igual forma a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos a emprender acciones tendientes a contrarrestar y poner fin a esta política de Estado que lesiona gravemente los derechos de todas las personas.

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Los ataques ilegales perpetrados por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en varias comunidades de El Seibo, República Dominicana. Estos allanamientos se realizaron sin orden judicial, implicando detenciones arbitrarias, robo de dinero y bienes, actos de violencia como golpizas y torturas, principalmente dirigidos hacia personas de ascendencia haitiana. Se critica la política sistemática de persecución racista del gobierno, violando la Constitución y los acuerdos internacionales de derechos humanos. Se pide que se detenga esta represión y se exige que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se destaca la complicidad de algunas instituciones gubernamentales, como CONANI, y se recopilan testimonios de las víctimas para evidenciar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante estos allanamientos ilegales.

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