¿Qué es la apatridia?

 

ELENA LORAC NOS EXPLICA

Cuando una persona no es reconocida como ciudadana de ningún Estado y no posee documentos legales que la vinculen a un Estado, esta persona se encuentra en situación de apatridia (que significa sin Estado o sin patria).

De acuerdo con el ACNUR en el mundo existen actualmente más de 10 millones de personas en esta situación.

Aunque las leyes dominicanas no reconocen el estatus de apátrida y aunque las autoridades se niegan a reconocer que existen personas sin nacionalidad en su territorio, la sentencia 168-13 dejó en situación de apatridia y en riesgo de apatridia a miles de personas por ser de origen haitiano.

Ser de origen o ascendencia haitiana no significa ser haitiano, tampoco la obtención de los documentos se da de manera automática en haiti, por lo que también se encuentran en situación o en riesgo de apatridia las personas con ascendencia dominicana que no tienen acceso a los documentos que acrediten una nacionalidad en la República Dominicana.

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El Estado dominicano, si tuviera interés en mostrar un mínimo compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, podría emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho a la nacionalidad y el fin de la apatridia, el derecho a la pensión de los trabajadores cañeros y el fin del trabajo forzoso en la industria azucarera. De igual forma, podría constituir una comisión de la verdad para investigar, establecer responsabilidades y resarcir a las víctimas y sus descendientes de la represión durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, incluyendo la masacre racista de El Perejil de 1937, y crímenes de lesa humanidad del período considerado democrático como la masacre de abril de 1984, y desapariciones forzosas como la del profesor Narciso González.

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Al cumplirse diez años de la sentencia 168-13 que de manera inconstitucional desnacionalizó a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, la situación del país es de claro retroceso antidemocrático. Somos testigos de la aplicación generalizada por parte del gobierno encabezado por el presidente Abinader del perfilamiento racial y detenciones arbitrarias y extorsivas contra personas haitianas y dominicanas negras, detenciones masivas e ilegales de mujeres embarazadas, niños y niñas, allanamientos sin orden judicial, entre otras medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma firmado por la República Dominicana.

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