RECHAZAMOS EL DECRETO 668-22 Y LAS DEPORTACIONES

 

Repudiamos la campaña de deportaciones masivas y el decreto 668-22 del presidente Abinader (English version below)

El presidente Abinader ha reaccionado violentamente al llamado de atención que ha recibido a nivel internacional por sus masivas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad inmigrante haitiana. El presidente ha amenazado con aumentar el ritmo de las deportaciones de personas haitianas, y ha emitido el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas. Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno.

Rechazamos estas amenazas y el recrudecimiento de la persecución racista contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras. Recordamos que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13, y que miles de personas haitianas que han vivido y trabajado por décadas en el país no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitieron el 3 de noviembre un comunicado llamando a todos los Estados a suspender el retorno forzado de personas haitianas a su país, dada la situación de crisis humanitaria. El Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, explicó que las expulsiones masivas de personas que buscan refugio y las detenciones arbitrarias son violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derecho al refugio.

Antes de ello, incluso el 28 de octubre el gobierno estadounidense aliado al gobierno de Abinader, a través de la funcionaria Uzra Zeya, solicitó tomar medidas contra la trata de personas y específicamente recomendó proteger de la trata a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Está ampliamente documentada la participación de agentes militares y policiales dominicanos en el negocio del tráfico de personas. El 10 de noviembre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, insistió en un breve comunicado en el llamado a no continuar las expulsiones hacia Haití, y pidió al gobierno dominicano “aumentar los esfuerzos para prevenir la xenofobia, discriminación y formas relacionadas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o el estatus migratorio”.

Abinader respondió desde el Palacio Nacional que consideraba la declaración del representante de la ONU como “inaceptable e irresponsable”, y amenazó con no solo mantener el actual ritmo de deportaciones sino incrementarlo. Contradictoriamente, dijo que el Estado dominicano “ha sido mucho más solidario que todos los países del mundo”, y repitió el viejo cuento de que los inmigrantes haitianos son una carga económica. El gobierno de Abinader en los hechos no reconoce la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derecho al refugio.

Subiendo la apuesta, Abinader emitió el 11 de noviembre el decreto 668-22, en el que alegando razones de seguridad nacional ordena la expulsión masiva de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que viven desde hace décadas en bateyes de las zonas cañeras que son tierras estatales. Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.

Tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que  el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas.

Más allá de las críticas que tenemos al rol de la ONU en Haití, especialmente por la ocupación militar de la Minustah entre 2004 y 2017, hoy estamos ante un alarmante escalamiento de la política racista y xenófoba del gobierno dominicano, que incluye el llamado a una intervención militar internacional contra Haití. Entre enero y septiembre de este año, el gobierno dominicano ha realizado más de 85 mil expulsiones de personas haitianas, según cifras oficiales. El gobierno dominicano ejecuta expulsiones masivas, incluyendo la detención arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales. Está documentada la detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios.

La Dirección General de Migración (DGM) viola la Constitución, que establece que los agentes que realizan cualquier detención deben identificarse. También son comunes los allanamientos de viviendas sin orden judicial. Además, se violan todos los protocolos binacionales en materia migratoria, con la expulsión de personas por puntos fronterizos no oficiales, en días y horarios por fuera de los establecidos, entre otras violaciones. A todo esto se suma la extorsión cotidiana que sufren las personas inmigrantes y dominicanas de ascendencia haitiana por parte de agentes policiales y migratorios, la detención en centros insalubres, el hacinamiento en los autobuses de la DGM, y el robo de teléfonos celulares y otros bienes. En algunos casos, ha habido torturas y asesinatos por parte de los agentes policiales y migratorios en el marco de estos operativos.

La cacería de personas negras que realiza el gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Abinader viene realizando una intensa propaganda en la que califica a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, a sabiendas de que se trata de una laboriosa comunidad que hace enormes aportes a la economía y la sociedad dominicana. La agricultura, el turismo, la construcción, son algunas de las industrias que descansan sobre la superexplotación de la clase trabajadora de origen haitiano. Las obras de infraestructura que construye este gobierno también cuentan con el aporte de la mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, que es inútil para frenar las migraciones pero muy útil en términos ideológicos, es construido por trabajadores haitianos. La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales.

Esta política autoritaria, antidemocrática, que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población para satisfacer a la extrema derecha, lejos de mostrar fortaleza es un síntoma de debilidad. El presidente es incapaz de dar una respuesta pública a la extrema derecha que llama a boicotear el censo nacional, pero se muestra duro y “patriótico” ante los organismos de derechos humanos. También compite en antihaitianismo con la derecha antivacunas, anti-aborto y anti-censo que participa junto al Instituto Duartiano, institución estatal, en marchas neofascistas.

El reconocimiento de la condición de refugiados de un grupo de personas no amenaza la soberanía de República Dominicana ni la de ningún otro país. En los últimos años, millones de refugiados venezolanos, sirios y ucranianos han salido de sus países sin que se haya generado ninguna fusión de países o cesión de territorios. Es inaceptable que la política pública se base en teorías conspirativas racistas e ideologías neotrujillistas.

Llamamos a todas las organizaciones que se consideren democráticas, antirracistas, feministas y de derechos humanos en el continente americano y el Caribe a repudiar enérgicamente la política estructuralmente racista, cada vez más autoritaria y violatoria de los derechos humanos del gobierno dominicano, especialmente las deportaciones masivas y el decreto 668-22.

¡Abajo el decreto 668-22!

¡Las vidas haitianas importan!

¡Ni apartheid ni limpieza étnica en República Dominicana!

Firmas de organizaciones

República Dominicana

Movimiento Reconocido

Coordinadora Popular Nacional

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST)

Movimiento Caamañista

Izquierda Revolucionaria

HaitianosRD

Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA)

Unión de Trabajadores Cañeros (UTC)

Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó

Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM)

Agenda Solidaridad

Red Urbano Popular

Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP)

Unión Democrática de Mujeres (UDEMU)

Militancia Revolucionaria Socialista

CUDEM

Sindicato de Teatristas de la República Dominicana

Educación Espejo

Acción Afro-Dominicana

Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba RD

Foro Feminista Magaly Pineda

Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH)

Fundación Código Humano

Junta de Prietas

MOSCTHA

Aquelarre RD

Movimiento Feminista Hermanas Mirabal

Movimiento Azueï

Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas

RD es de Todes

Fundación InteRed-República Dominicana

Revista Dominicana

Argentina

Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Lxs Safinas

Ciudades Feministas (CISCSA)

Colombia

Sindicato de Trabajadores Artesanales, Informales e Independientes de Medellín (SINTRAIM)

Junta Cívica Paraje El Pinar

AIH Colombia

Ecuador

Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente

Estado español

Equipo del Decenio Afrodescendiente

EEUU

Butterfly Effect NYC

DC AfroLatino Caucus

We Are All Dominican

Compas de la Diáspora

New Politics

Activist News Network

Heartland Alliance International

The People’s Forum

Take Back the Bronx

Workers World Party

Solidarity Center Action

Liberty Shared

Brothers@

Ending the Prison Industrial Complex, NYU Law

Undocubear

Dancing on Desks

Honduras

Colectiva La Maricada

México

Unión Popular Valle Gómez

Mano Amiga de la Costa Chica

Perú

Articulación Feminista Marcosur

Centro Flora Tristán

La Voz del Cajón

Puerto Rico

Movimiento 26 de Abril

Colectivo Cultural Educativo y de Estudios Interdisciplinarios

Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Verbo y piel

Reino Unido

Caribbean Labour Solidarity

Uruguay

Cotidiano Mujer

Firmas individuales

República Dominicana

Narciso Isa Conde, Movimiento Caamañista e Izquierda Revolucionaria

Altagracia Balcacer

Julio Ortega Frier

Angela Fernin, Feminist Forum Magaly Pineda

Desiree del Rosario Sosa

Roberto Espinal, Colegio Médico Dominicano

Javiela Evangelista

Marcel Méndez Fortuna

Fátima Lorenzo

Walter Cruz

Nelson J. Polanco

Argentina Gutiérrez, feminista

Yildalina Tatem Brache

Mirla Hernández Núñez

María Bizenny Martínez

Carlos Ortiz

Vannia Lara

Micely Díaz Espaillat

Fray David Peralta Ruben

Jenny Torres

Mirla Hernández Núñez

Isabel Espinal

Argentina

Juan Carlos Giordano, Diputado Nacional electo por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) por la Provincia de Buenos Aires, dirigente nacional de Izquierda Socialista (IS)

Mónica Schotthauer, delegada ferroviaria y Diputada Nacional electa de IS y FIT-U;

Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General del Unión Ferroviaria seccional Oeste

Edgardo Reynoso dirigente ferroviario del Cuerpo de Delegados de Ramal TBA-Sarmiento

Angélica Lagunas,  Secretaría Gral de ATEN Capital (Docentes)

Liliana Olivero, ex Diputada por Córdoba de Izquierda Socialista/FIT

Mariana Scayola (Secretaria General comisión directiva Ademys-docentes de Ciudad de Buenos Aires) y Jorge Adaro (Secretario Adjunto – Ademys)

Laura Marrone, dirigente docente de CABA y ex legisladora de IS-FIT en CABA

Mercedes Trimarchi, dirigente de la agrupación de mujeres Isadora y legisladora electa CABA

Mercedes de Mendieta, Diputada Nacional electa por el FITU por CABA, dirigente nacional de Isadora e Izquierda Socialista

Pablo Almeida, dirigente de Izquierda Socialista, delegado de junta interna ATE Min. De Economía y legislador electo CABA por el FIT-U

Bolivia

Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores

Eliseo Mamani, ex ejecutivo Federación de Maestros Rurales de La Paz

Brasil

Joao Batista Araujo “Baba”, CST-PSOL

Chile

Ranier Rios Puebla, dirigente del MST

Colombia

Elissa L. Lister

Karent Hinestroza

Estado español

Paquita Suárez Coalla

Josep Lluis del Alcázar, delegado sindical de enseñanza pública y dirigente Lucha Internacionalista (LI)

Marga Olalla, delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona, Militante de LI

Miquel Blanch, delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona, Militante de LI

M. Esther del Alcázar, delegada sindical de enseñanza pública y dirigente de LI

EEUU

Amarilys Estrella

Rocio Silverio

Kleaver Cruz

Yanilda Gonzalez

Stephanie Holguín

Lorgia García Peña

Amaury Rodríguez

Miosotis Pantoja

Yanira Rodríguez

Dorca Reynoso

Raj Chetty

Djokaeff Louissaint

Diana Pérez-Ramírez

Angela Dunne

Natasha Wilson

Sarah Turner

Antonio Herrón Campos

Lindsay Ofrias

Luis Feliz León

Daniela Robles

Felipe Lora Longo

April Mayes

Lissette Acosta

Tatiana Flores

Ariel Francisco

Rebeca Acosta

Quizayra González

Asheesh Siddique

Mariel Acosta

Chantelle Mitchell

Susana Flores

Carlan Vásquez

Margaret Love

Natasha Lightfoot

Stanley Thangaraj

Michael Williams

Karrieann Soto Vega

Edithe Pierre

Sophie Maríñez

Raquel Virginia Cabrera

Bobby Rivera

Tatiana Reis

María José Nolasco

Perla Cuevas

Chandra Talpade Mohanty

Ruthy Alma

Haití

Jhak Valcourt

México

Enrique Gómez y Francisco Retama, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS)

Jesús Torres Nuño, ex presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc)

Noruega

Jorgen Sorlie Yri

Panamá

Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social

Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista

Perú: Jorge Corzo, dirigente del Partido de los Trabajadores Uníos

Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional

Portugal

Verónica Sousa

Puerto Rico

Myrna Aponte

Martha Quiñones

Francisco Concepción

Aníbal Feliciano

Juan A. Gutiérrez

Gladys Escalona

Beatriz Llenín Figueroa

Ruth N. Figueroa

Catherine Betances

Emmily De Los Santos

Lissette Velez-Cross

Isabel Tadmiri

Cindy Núñez

Turquía

Sedat Durel, Secretario General del Sindicato de los trabajadores revolucionarios de la telecomunicación y de centros de llamados

Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de educación y de ciencia

Oktay Çelik, presidente Partido por la Democracia Obrera (IDP)

Gorkem Duru, dirigente de IDP

Venezuela

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv)

Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)

Armando Guerra, ex dirigente sindical de Hidrocapital

Miguel Ángel Hernández, secretario general Partido Socialismo y Libertad (PSL)

We repudiate President Abinader’s campaign of mass deportations and decree 668-22

President Abinader has reacted violently to the international calls he has received due to his massive human rights violations against the Haitian immigrant community. The president has threatened to increase the pace of deportations of Haitian people and has issued the dangerous decree 668-22, which enables the expulsion of thousands of people who have been living in Bateyes on state lands for decades. We are facing a very dangerous campaign of massive deportations that could turn into a campaign of ethnic cleansing if the Dominican society doesn’t show democratic reflexes and puts a stop to the government.

We reject these threats and the intensification of racist persecution against Haitian immigrants, Dominicans of Haitian descent, and black Dominicans. We recall that currently around two hundred thousand Dominicans of Haitian descent continue to be denationalized as a result of court ruling 168-13 and that thousands of Haitians who have lived and worked for decades in the country do not have legal residency due to a deliberate policy of non-regularization of migrants applied by successive governments.

The United Nations Refugee Agency (UNHCR) and the UN High Commissioner for Human Rights issued a statement on November 3 calling on all States to suspend the forced return of Haitians to their country, given the humanitarian crisis situation there. High Commissioner Filippo Grandi explained that mass expulsions of people seeking refuge and arbitrary detentions are violations of international treaties and pacts on the right to refuge.

Prior to this, on October 28, even the US government, ally of the Abinader administration, through the official Uzra Zeya, suggested measures be taken against human trafficking and specifically recommended to protect Haitians and Dominicans of Haitian descent from trafficking. The involvement of Dominican military and police agents in human trafficking is widely documented. On 10 November, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, insisted in a brief communiqué on the call not to continue expulsions to Haiti and asked the Dominican government to “increase efforts to prevent xenophobia, discrimination and related forms of intolerance based on national, racial or ethnic origin, or migratory status”.

Abinader responded from the National Palace that he considered the UN representative’s statement as “unacceptable and irresponsible”, and threatened not only to maintain the current rate of deportations but to increase it. Contradictorily, he said that the Dominican State “has been much more supportive (to Haitians) than all other countries in the world”, and repeated that Haitian immigrants are an economic burden. Abinader’s government de facto does not recognize the validity of international treaties on human rights and specifically on the right to refuge.

Upping the ante, Abinader issued Decree 668-22 on November 11, in which, alleging reasons of national security, he orders the massive expulsion of Haitians and Dominicans of Haitian descent who have been living for decades in bateyes in the sugar cane zones which are state lands. In addition to denying pension rights to the old sugar cane workers, the government is now directly threatening ethnic cleansing on a scale not seen since 1937. The expelled persons would be permanently banned from returning to Dominican territory.

Taking into account that the current legal framework already allows for the punishment of crimes against property and that decree 668-22 does not contribute anything new in this sense, it is evident that it is a fundamentally political document which enables the eviction of bateyes on State and private sugar cane company lands.

Beyond the criticisms we have of the role of the UN in Haiti, especially for the Minustah military occupation between 2004 and 2017, today we are facing an alarming escalation of the racist and xenophobic policy of the Dominican government, which includes the call by Abinader for an international military intervention against Haiti. Between January and September of this year, the Dominican government carried out more than 85 thousand expulsions of Haitian immigrants, according to official figures. The Dominican government carries out massive expulsions, including the arbitrary detention of pregnant women and infants unaccompanied by their parents or legal representatives. The arbitrary detention of Dominicans of Haitian descent in immigration operations has also been documented.

The General Directorate of Migration (DGM) violates the Constitution, which establishes that agents making any arrest must identify themselves. Searches of homes without warrants are also common. In addition, all binational immigration protocols are violated, with the expulsion of people through unofficial border points, on days and at times other than those established, among other violations. To all this must be added the daily extortion suffered by immigrants and Dominicans of Haitian descent by police and immigration agents, detention in centers without proper hygienic conditions, overcrowding in DGM buses, and theft of cell phones and other property. In some cases, there have been cases of torture and executions by police and immigration agents in the context of these operations.

The manhunt against black people carried out by the Abinader government is an expression of State terrorism against the immigrant community and Dominicans of Haitian descent, denationalized by sentence 168-13. Abinader has been carrying out an intense propaganda in which he describes the Haitian immigrant community as an economic burden, knowing that it is a hard-working community that makes enormous contributions to the Dominican economy and society. Agriculture, tourism, and construction are some of the industries that rely on the super-exploitation of the Haitian working class. The infrastructure built by this government also has the contribution of Haitian labor. Even the border wall, which is useless to stop migration but very useful in ideological terms, is built by Haitian workers. The persecution of the Haitian immigrant working class serves to keep them in conditions of extreme precariousness and super-exploitation, increasing capitalist profits.

This authoritarian, anti-democratic policy, which rages against the most vulnerable sectors of the population to satisfy the extreme right, far from showing strength, is a symptom of weakness. The president is incapable of giving a public response to the extreme right-wing that calls for a boycott of the national census but shows himself tough and “patriotic” before the human rights organizations. He also competes in anti-Haitianism with the anti-vaccine, anti-abortion, and anti-census right wing, which participates together with the Instituto Duartiano, a state institution, in neo-fascist marches.

The recognition of the refugee status of a group of people does not threaten the sovereignty of the Dominican Republic or any other country. In recent years, millions of Venezuelan, Syrian, and Ukrainian refugees have left their countries without any merger of countries or cession of territories. It is unacceptable that public policy is based on racist conspiracy theories and neo-Trujillo ideologies.

We call on all organizations that consider themselves democratic, anti-racist, feminist, and defenders of human rights in the Americas and the Caribbean to strongly repudiate the structurally racist, increasingly authoritarian, and human rights-violating policies of the Dominican government, especially the massive deportations and decree 668-22.

Abolish decree 668-22!

Haitian lives matter!

No apartheid or ethnic cleansing in the Dominican Republic!

Organizations

Dominican Republic

Reconocido Movement

National Popular Coordinating Committee

Socialist Workers’ Movement (MST)

Caamañista Movement

Revolutionary Left (IR)

HaitianosRD

Movement of Haitian-Dominican Women (MUDHA)

Mamá Tingó Sociopolitical Women

Community of Inclusive Dominican Lesbians (COLESDOM)

Solidarity Agenda

Urban Popular Network (Red Urbano Popular)

Unity and Progress Struggle Front (FLUP)

Democratic Women’s Union (UDEMU)

Revolutionary Socialist Militancy (MRS)

Espejo Education

Union of Theatrical Workers of the Dominican Republic

Afro-Dominican Action

Intercultural Connection for Well-Being and Autonomy La Ceiba DR

Feminist Forum Magaly Pineda

Dominican Committee for Human Rights (CDDH)

Human Code Foundation

Junta de Prietas

MOSCTHA

Aquelarre RD

Feminist Movement Mirabal Sisters

Azueï Movement

Movement of Working Peasants Movement United Communities

RD es de Todes

InteRed Foundation-Dominican Republic

Dominicana Magazine

Argentina

Steering Committee of the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

Lxs Safinas

Feminist Cities (CISCSA)

Colombia

Union of Artisanal, Informal and Independent Workers of Medellin (SINTRAIM)

Paraje El Pinar Civic Board (Junta Cívica Paraje El Pinar)

AIH Colombia

Ecuador

Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente

Spanish State

Afrodescendant Decade Team

USA

Butterfly Effect NYC

DC AfroLatino Caucus

We Are All Dominican

Diaspora Compas

New Politics

Activist News Network

Heartland Alliance International

The People’s Forum

Take Back the Bronx

Workers World Party

Solidarity Center Action

Liberty Shared

Brothers@

Ending the Prison Industrial Complex, NYU Law

Undocubear

Dancing on Desks

Honduras

La Maricada Collective

Mexico

Valle Gomez Popular Union

Mano Amiga de la Costa Chica

Peru

Articulación Feminista Marcosur

Flora Tristan Center

La Voz del Cajón

Puerto Rico

April 26th Movement

Colectivo Cultural Educativo y de Estudios Interdisciplinarios (Cultural Education and Interdisciplinary Studies Collective)

Human Rights Clinic, Interamerican University of Puerto Rico School of Law

Verbo y piel

United Kingdom

Caribbean Labour Solidarity

Uruguay

Cotidiano Mujer

Individual signatures

Dominican Republic

Narciso Isa Conde, Caamañista Movement and Revolutionary Left

Altagracia Balcacer

Julio Ortega Frier

Angela Fernin, Magaly Pineda Feminist Forum

Desiree del Rosario Sosa

Roberto Espinal, Dominican Medical Association

Javiela Evangelista

Marcel Mendez Fortuna

Fatima Lorenzo

Walter Cruz

Nelson J. Polanco

Argentina Gutierrez, feminist

Yildalina Tatem Brache

Mirla Hernández Núñez

María Bizenny Martínez

Carlos Ortiz

Vannia Lara

Micely Díaz Espaillat

Friar David Peralta Ruben

Jenny Torres

Mirla Hernández Núñez

Isabel Espinal

Argentina

Juan Carlos Giordano, National Deputy elected by the Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) for the Province of Buenos Aires, national leader of Izquierda Socialista (IS)

Mónica Schotthauer, railway delegate and elected National Deputy of IS and FIT-U;

Rubén “Pollo” Sobrero, General Secretary of Unión Ferroviaria Seccional Oeste (Western Railway Union)

Edgardo Reynoso, railroad leader of the Body of Delegates of the TBA-Sarmiento Branch Line.

Angélica Lagunas, General Secretary of ATEN Capital (Teachers)

Liliana Olivero, former Deputy for Córdoba of Izquierda Socialista/FIT (Socialist Left/FIT)

Mariana Scayola (General Secretary of the Board of Directors Ademys-teachers of the City of Buenos Aires) and Jorge Adaro (Assistant Secretary – Ademys)

Laura Marrone, CABA teacher leader and former legislator of IS-FIT in CABA.

Mercedes Trimarchi, leader of the women’s group Isadora and CABA elected legislator.

Mercedes de Mendieta, National Deputy elected by FITU for CABA, national leader of Isadora and Izquierda Socialista.

Pablo Almeida, leader of Izquierda Socialista, delegate of the internal board of ATE Min. of Economy and legislator elected CABA for the FIT-U.

Bolivia

Humberto Balderrama, member of the National Directorate of the Partido de los Trabajadores (Workers’ Party)

Eliseo Mamani, former executive of Federación de Maestros Rurales de La Paz (Federation of Rural Teachers of La Paz)

Brazil

Joao Batista Araujo “Baba”, CST-PSOL

Chile

Ranier Rios Puebla, MST leader

Colombia

Elissa L. Lister

Karent Hinestroza

Spanish State

Paquita Suárez Coalla

Josep Lluis del Alcázar, public education trade union delegate and leader of Lucha Internacionalista (LI)

Marga Olalla, union delegate of municipal workers of Barcelona, Militant of LI

Miquel Blanch, trade union delegate of teachers of adult schools, member of the Trade Union Current of CCOO of Girona, Militant of LI

M. Esther del Alcázar, public education union delegate and leader of LI

USA

Amarilys Estrella

Rocio Silverio

Kleaver Cruz

Yanilda Gonzalez

Stephanie Holguin

Lorgia Garcia Peña

Amaury Rodriguez

Miosotis Pantoja

Yanira Rodriguez

Dorca Reynoso

Raj Chetty

Djokaeff Louissaint

Diana Perez-Ramirez

Angela Dunne

Natasha Wilson

Sarah Turner

Antonio Herrón Campos

Lindsay Ofrias

Luis Feliz Leon

Daniela Robles

Felipe Lora Longo

April Mayes

Lissette Acosta

Tatiana Flores

Ariel Francisco

Rebeca Acosta

Quizayra Gonzalez

Asheesh Siddique

Mariel Acosta

Chantelle Mitchell

Susana Flores

Carlan Vasquez

Margaret Love

Natasha Lightfoot

Stanley Thangaraj

Michael Williams

Karrieann Soto Vega

Edithe Pierre

Sophie Maríñez

Raquel Virginia Cabrera

Bobby Rivera

Tatiana Reis

Maria Jose Nolasco

Perla Cuevas

Chandra Talpade Mohanty

Ruthy Alma

Haiti

Jhak Valcourt

Mexico

Enrique Gómez and Francisco Retama, leaders of the Movement Toward Socialism (MAS)

Jesús Torres Nuño, former president of the Board of Directors of the Democratic Workers of the West (Tradoc)

Norway

Jorgen Sorlie Yri

Panama

Priscilla Vásquez, national leader of Social Security workers

Virgilio Arauz, leader of the Socialist Proposal (Propuesta Socialista)

Peru: Jorge Corzo, leader of the Partido de los Trabajadores Unios (United Workers Party)

Enrique Fernández Chacón, former national congressman

Portugal

Veronica Sousa

Puerto Rico

Myrna Aponte

Martha Quiñones

Francisco Concepcion

Aníbal Feliciano

Juan A. Gutierrez

Gladys Escalona

Beatriz Llenín Figueroa

Ruth N. Figueroa

Catherine Betances

Emmily De Los Santos

Lissette Velez-Cross

Isabel Tadmiri

Cindy Nunez

Turkey

Sedat Durel, General Secretary of the Revolutionary Telecommunication and Call Center Workers’ Union

Atakan Çiftçi, Delegate of the Education and Science Workers’ Trade Union

Oktay Çelik, president of the Workers’ Democracy Party (IDP)

Gorkem Duru, leader of IDP

Venezuela

José Bodas, general secretary of the United Federation of Venezuelan Oil Workers (Futpv)

Orlando Chirino, national leader of the Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) (Classist, Unitary, Revolutionary and Autonomous Current)

Armando Guerra, former union leader of Hidrocapital

Miguel Ángel Hernández, Secretary General of the Socialism and Liberty Party (PSL)

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Posicionamiento de los Jesuitas sobre las deportaciones

Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.

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Reconocido

Publicado: Nov 14, 2022

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Hacemos un llamado a unir la voz en contra de la violencia estatal racista que mantiene el estado dominicano de manera sistemática contra la población más vulnerables
#LasVidasHaitianasImportan
#RDEstadoRacista
#NoMasDeportacionesRD
#unidadcontraelracismord

Hacemos un llamado a unir la voz en contra de la violencia estatal racista que mantiene el estado dominicano de manera sistemática contra la población más vulnerable.

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Marchamos para avanzar hacia una sociedad justa y protectora de derechos, en donde el origen nacional no sea un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Urge el cese de la práctica racista y xenófoba hacia las mujeres migrantes y de ascendencia
haitiana.

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