Apátridas, segregación racial y violación de derechos: Balance y retos a 4 años de la Sentencia 168-13 y de la ley 169-14

 

Como todos sabemos en  el 2013 el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 168-13 una de las mayores aberraciones de las sentencia fue que desnacionalizo de manera retroactiva (Es decir desde 1929 hasta el 2007) a los hijos de migrantes nacido en el país de manera irregular.

En el 2014 se promovió la ley 169-14 para resolver la situación generada por la sentencia 168-13. Esta ley aparte de que no resolvió en base a derechos la situación, dividió a la población entre grupo A y B ley deja a la interpretación como si fuésemos dominicanos por “error”

La situación de la discriminación racial en la Rep. Dom. Es una situación real y estructural, en el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana queda más en la evidencia tal situación. Los supuestos intento de resolver la situación generada por el TC dejan en la evidencia tal afirmación.

 

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El Estado dominicano, si tuviera interés en mostrar un mínimo compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, podría emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho a la nacionalidad y el fin de la apatridia, el derecho a la pensión de los trabajadores cañeros y el fin del trabajo forzoso en la industria azucarera. De igual forma, podría constituir una comisión de la verdad para investigar, establecer responsabilidades y resarcir a las víctimas y sus descendientes de la represión durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, incluyendo la masacre racista de El Perejil de 1937, y crímenes de lesa humanidad del período considerado democrático como la masacre de abril de 1984, y desapariciones forzosas como la del profesor Narciso González.

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A 10 años de la Sentencia racista 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano

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Al cumplirse diez años de la sentencia 168-13 que de manera inconstitucional desnacionalizó a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, la situación del país es de claro retroceso antidemocrático. Somos testigos de la aplicación generalizada por parte del gobierno encabezado por el presidente Abinader del perfilamiento racial y detenciones arbitrarias y extorsivas contra personas haitianas y dominicanas negras, detenciones masivas e ilegales de mujeres embarazadas, niños y niñas, allanamientos sin orden judicial, entre otras medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma firmado por la República Dominicana.

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