Nuestra Lucha Continua

 

A 9 años de la sentencia racista 168-13, nuestra lucha continúa

Movimiento Reconocido

La sentencia 168-13, emitida el 23 de septiembre de 2013, desnacionalizó a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, creando la comunidad apátrida más grande del hemisferio occidental y una de las mayores del mundo. Esta situación, que ha sido reconocida por organizaciones de defensa de los derechos humanos, instituciones multilaterales y varios gobiernos del mundo, es una vergüenza para nuestro país. Con paso del tiempo y el vencimiento de los documentos provisionales que recibimos en virtud de la ley 169-14, se consolida una situación de discriminación sistemática basada en un criterio racista. En los últimos años incluso hemos sido víctimas de cientos de detenciones arbitrarias y abusos por parte de la DGM, que nos considera extranjeros en nuestro propio país. Los gobiernos del PLD y el actual del PRM no se han diferenciado a la hora de aplicar esta política estatal violatoria de los derechos humanos.

Antecedida por una serie de fallos judiciales discriminatorios y la reforma constitucional de 2010, la sentencia 168-13 fue el punto culminante de una política de Estado antidemocrática que desde tiempos de la dictadura trujillista ha considerado a la inmigración haitiana y a su descendencia dominicana como una amenaza para la soberanía y la existencia misma de la nación. Esta definición política, que sirvió de fundamento ideológico de la masacre trujillista de 1937 contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, nos recuerda la actitud de los regímenes de Hitler y Mussolini hacia las personas judías, gitanas y afrodescendientes. Lamentablemente esa definición sigue presente en los discursos y políticas oficiales en República Dominicana hasta el día de hoy, y es la razón por la que hemos sido desnacionalizados y no se nos restituyen nuestros derechos.

El proyecto de una República Dominicana exclusivamente hispana, en la que la afrodescendencia se extranjeriza, entra en una contradicción violenta con la realidad de un país con una enorme mayoría afrodescendiente. La xenofobia y el racismo también entran en contradicción con la realidad de un importante componente inmigrante haitiano en la clase trabajadora de la República Dominicana, que todos los días aporta a construir este país.

Por estas razones, entendemos que nuestra lucha no es únicamente en favor de los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. También es una lucha en favor de la posibilidad de una República Dominicana verdaderamente democrática, que respete y honre su diversidad, no fundamentada en exclusiones racistas, misóginas, homófobas o en ningún otro tipo de discriminación.

Invitamos a todas las personas que creen en esta posibilidad a pronunciarse por la restitución de la nacionalidad de todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Incluso llamamos a aquellas personas que en algún momento acompañaron nuestra lucha pero que hoy ostentan altos cargos en un gobierno que niega nuestros derechos. Sabemos que en el fondo no han olvidado que nuestra causa es justa. Con la lucha de todos y todas podremos restituir nuestros derechos y hacer realidad un porvenir más digno para nuestro país.

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El Estado dominicano, si tuviera interés en mostrar un mínimo compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, podría emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho a la nacionalidad y el fin de la apatridia, el derecho a la pensión de los trabajadores cañeros y el fin del trabajo forzoso en la industria azucarera. De igual forma, podría constituir una comisión de la verdad para investigar, establecer responsabilidades y resarcir a las víctimas y sus descendientes de la represión durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, incluyendo la masacre racista de El Perejil de 1937, y crímenes de lesa humanidad del período considerado democrático como la masacre de abril de 1984, y desapariciones forzosas como la del profesor Narciso González.

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A 10 años de la Sentencia racista 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano

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Al cumplirse diez años de la sentencia 168-13 que de manera inconstitucional desnacionalizó a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, la situación del país es de claro retroceso antidemocrático. Somos testigos de la aplicación generalizada por parte del gobierno encabezado por el presidente Abinader del perfilamiento racial y detenciones arbitrarias y extorsivas contra personas haitianas y dominicanas negras, detenciones masivas e ilegales de mujeres embarazadas, niños y niñas, allanamientos sin orden judicial, entre otras medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma firmado por la República Dominicana.

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