Nuestra Lucha

 

Reconoci.do Es un colectivo de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, que se articula a partir de sus territorios locales y regionales para promover los derechos humanos. Este movimiento aspira a la integración real, plena y efectiva de los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad dominicana. En este sentido es de fundamental importancia la lucha por el reconocimiento del derecho a la nacionalidad y la documentación de los hijos de inmigrantes haitianos que nacieron en República Dominicana, cuyos derechos han sido afectados por la sentencia 168-13 y las políticas de desnacionalización del Estado dominicano a través de la Junta Central Electoral. Aunque la sentencia inconstitucional del año 2013 marcó un hito en la política de segregación y discriminación de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, no constituye el inicio de esa política, que tiene muchas décadas desarrollándose. Tiene mucho tiempo desarrollándose también la resistencia y la lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. El Movimiento Reconocido forma parte de esa larga tradición de lucha. #LuchemosContraLaApatridia

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Hoy se cumplen 10 años de esa nefasta sentencia, que vino a validar todas las prácticas administrativas racistas de la JCE y violadoras de los derechos fundamentales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como décadas de racismo de Estado, incluyendo la masacre racista de 1937, y el trabajo forzoso que persiste hoy en la industria azucarera, la construcción y otros sectores de nuestra economía.

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Racismo de Estado y Derechos Humanos en RD

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El presidente Luis Abinader mencionó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la candidatura del Estado dominicano al Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente el gobierno dominicano decidió no participar en la sesión de compromisos de los estados organizada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, demostrando que no tiene un verdadero compromiso de discutir de forma pública y transparente su propuestas en materia de derechos humanos.

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