PAREMOS EL RACISMO QUE NOS MATA

 

COMUNICADO 21 DE MARZO 2018

Somos Muchos más las dominicanas y los dominicanos que creemos en una sociedad justa, igualitaria y libre de racismo, por encima de las voces que desde algunos sectores del poder económico, político y mediático incitan a la discriminación, al odio y a la violencia entre dominicanos, y contra personas de otras nacionalidades. Con su actitud negacionista y destructiva atentan contra la salud de la Patria, contra la convivencia civilizada y democrática; niegan derechos humanos fundamentales y desconocen nuestra verdadera identidad plural, rica y diversa, llena de resistencia a la opresión.

El racismo, relacionado con las diferencias de clase y de género, en una sociedad profundamente desigual, está presente en el acceso a derechos como el trabajo, y en las interacciones sociales en la vida cotidiana de nuestro país.

Concentración en el Parque Duarte de Santo Domingo 21-3-2022

Hoy 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, llamamos a la sociedad dominicana a reconocer y enfrentar el racismo que limita nuestras vidas, frena el desarrollo colectivo y, en algunos casos, ocasiona agresiones físicas y muertes. Exigimos al Gobierno que enfrente activamente cada muestra de racismo y fomente una cultura de no discriminación para construir un país más justo, solidario, inclusivo y plural. Un país donde el odio no sea aceptado, y la ley, el Estado de derecho y la convivencia democrática entre personas iguales sean la norma. Esta es una deuda muy seria con quienes lucharon y se sacrificaron por nuestra Independencia, nuestra Libertad y nuestra Democracia.

La discriminación que afecta a mujeres y hombres por su apariencia, su color de piel, su pelo, su ascendencia, su origen nacional, sus tradiciones culturales o su idioma, sobre todo si pertenecen a comunidades empobrecidas, es particularmente grave contra la población de los barrios, los campos, los bateyes y la población inmigrante, y se mezcla con actitudes xenófobas, que llevan a hechos violentos fomentados por quienes lucran con que eso ocurra.

Acontecimientos recientes como las amenazas contra personas haitianas en Pedernales o la agresión contra estudiantes haitianos en Santiago, son signos preocupantes y deben parar ya.

Desde diferentes espacios de poder, se utilizan medios de comunicación tradicionales y redes sociales para promover el odio contra seres humanos, con el argumento de que no se hace por racismo sino en “defensa de la patria”. Dividen a los dominicanos entre “patriotas” y “traidores”, mienten, confunden, calumnian y llaman incluso al “derramamiento de sangre”. Esta actitud niega los auténticos valores y las raíces de la dominicanidad. Nuestra sociedad no se forjó en el odio a nadie, sino en el deseo de una patria libre y justa.

Estamos formados por distintos grupos africanos, europeos, caribeños, asiáticos, latinoamericanos y del Medio Oriente. Somos una sociedad plural. Dominicanos y dominicanas de todos los orígenes hemos contribuido con la riqueza material y cultural del país. Somos también un país de emigrantes que han contribuido a crear riquezas en otras naciones y también en la nuestra. Muchos dominicanos y dominicanas han padecido, incluso al costo de sus vidas, por el racismo que sobre ellos se ha ejercido y se ejerce.

En este país se han cometido genocidios físicos como el de 1937 y genocidios civiles como la Sentencia 168-13, siempre con el mismo discurso: “defender la nacionalidad” violando derechos y abusando del poder, con argumentos basados en una interpretación retorcida de la historia, las leyes y los valores de los Padres de la Patria.

Por otro lado, a muchos dominicanos y dominicanas de piel negra se les ha negado, por décadas, el derecho a una imagen que exprese abiertamente sus raíces africanas, con la prohibición, por ejemplo, del uso del pelo crespo en espacios de trabajo y en la vida social. En los casos más graves, ha habido discriminación en procesos de selección de personal contra personas negras. Esta discriminación es particularmente perversa en la medida en la que en ella participan personas que también son afrodescendientes. Muchos jóvenes son acosados por la policía o discriminados en actividades, por el solo hecho de que su color de piel indica una supuesta peligrosidad. En 100 años, sólo un hombre mulato ha sido electo presidente de la República, siendo el nuestro un país mayoritariamente negro y mestizo. Cuando un negro pudo haber alcanzado la presidencia, se lo impidieron diciendo que era “haitiano”. Las diferentes tonalidades en la piel deben ser orgullo y muestra de nuestros mestizajes, no excusas para la discriminación.

Manifestaciones culturales de origen africano o de nuestro país pluricultural, como los atabales y el gagá, son con frecuencia excluidas de espacios culturales, no se fomenta su aprendizaje en la educación formal e incluso son prohibidos de manera ilegal, lo que constituye una limitación a las raíces que permiten expandir nuestro patrimonio artístico, especialmente el musical. Con estas actitudes privamos a generaciones de artistas de reinterpretar sus propias raíces para crear nuevos ritmos y manifestaciones.

Ante esta situación, desde lo más profundo de nuestros valores y de lo que significa ser dominicana, ser dominicano, rechacemos el racismo y la incitación al odio.

Que quede claro: quienes defienden el racismo y la discriminación -aunque no acepten que así se llama lo que hacen- no son mejores dominicanos, por el contrario, no respetan los valores de justicia, respeto y pluralidad en los que nos engrandecemos como nación. Quienes apoyan los linchamientos, las violaciones a la dignidad humana contra poblaciones y comunidades enteras y la desnacionalización de los dominicanos de origen haitiano, pretenden construir una identidad nacional tiránica, abusando de su poder para negarle sus derechos a los hijos de quienes con sus aportes a la industria azucarera, a la agricultura en general y a la construcción, crearon riquezas que en menor o mayor medida todos disfrutamos, especialmente aquellos grupos de poder que hoy pretenden excluirlos. Quienes desprecian a cualquier persona por su color de piel y  excluyen las manifestaciones de la afrodescendencia mutilan y niegan una parte de lo que somos.

Que se sepa: No hay dominicanos superiores ni dominicanos inferiores; no hay pelo bueno y pelo malo; no hay dominicanos con derechos y dominicanos sin derechos. No hay inmigrantes buenos e inmigrantes malos. Quienes así piensan y actúan, solo están cavando la tumba de nuestra patria y nuestra democracia, sembrando la enfermedad de una tiranía, aunque digan que “defienden la nación”.

Digamos al país y al mundo: Somos más los que creemos en una sociedad justa, igualitaria y libre de prejuicios, de odios y discriminación. Digamos no al racismo que nos mata el cuerpo y el espíritu. Digamos que queremos dignidad, vida e igualdad.

Nosotras y nosotros hacemos las siguientes exigencias al Estado dominicano:

1. Exigimos garantías plenas para que en República Dominicana se puedan ejercer los derechos y libertades civiles y políticas, sin temor a la violencia policial ni de grupos fanáticos organizados. Así mismo, que no quede nunca más impune un crimen de odio cometido en nuestro país.

2. El Poder Ejecutivo debe someter al Congreso Nacional, sin demora y en la actual legislatura, el proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual debe prohibir toda forma de discriminación de género, sexual, nacional, cultural, por creencias, por discapacidad y de índole racista; y establecer sanciones ejemplares contra toda forma de incitación y crímenes de odio.

3. Firma y ratificación urgente por parte del Estado Dominicano de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, así como de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, ambas creadas en 2013.

4. Establecimiento en el currículum educativo de acciones formativas para la superación de toda forma de Discriminación y Racismo. Asimismo, políticas culturales de genuina inclusión, igualdad de todas las formas culturales y tradiciones del país. Reconocimiento por parte del Estado del genocidio contra nuestros pueblos originarios y contra la esclavitud africana. 

5. Políticas de institucionalización y organización migratoria, así como de organización y desarrollo en las fronteras que, en base a los Derechos Humanos y a las obligaciones del Estado, impidan la creación de conflictos migratorios, comerciales y diplomáticos con otras naciones, especialmente con la República de Haití. Asimismo, cese de toda forma de violación de las leyes y normas migratorias, especialmente en materia de deportación arbitraria e ilegal de todo extranjero sin importar su nacionalidad.  

6. Establecer un pacto social con participación de los medios de comunicación y los partidos políticos, mediado por actores ampliamente legitimados, para la no difusión de discursos de odio y de discriminación de ningún tipo.

7. Resolución de la Junta Central Electoral que sancione a todo partido y/o candidatura política que promueva discursos de odio, discriminación y racismo.

8. Revocación de las Sentencias TC/168/13 y TC/0256/14 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, porque son sentencias racistas violatorias de la Constitución y del Estado de Derecho, del Derecho Internacional y de los pactos internacionales que obligan al Estado Dominicano.

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Mencionaron que el destierro de mujeres dominicanas de ascendencia haitiana viola las normativas constitucionales, legales y convencionales vigentes. Se citó el caso de Diana Jean, joven dominicana de ascendencia haitiana, con siete meses de embarazo, que sufrió la denegación de atención médica el 23 de abril de 2022, bajo el falso argumento de que era una mujer haitiana indocumentada. El caso fue presentado ante el Tribunal Superior Administrativo, que ratificó la denegación de la atención médica. En consecuencia tuvo que dar a luz en su lugar de residencia. El 20 de julio de 2023, agentes de la DGM allanaron sin orden judicial la Maternidad de Higüey, deteniendo arbitrariamente a mujeres embarazadas y lactantes en base al perfilamiento racial, y enviándolas a un centro de detención para su posterior expulsión del país. Procedimientos ilegales similares fueron llevados a cabo en la Policlínica de Verón, El Hospital Regional Universitario de La Vega y en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago.

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